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La Autoridad Portuaria de Baleares aprueba una ordenanza cívica con multas de hasta 3.000 euros en el puerto de Palma

El puerto de Palma aplicará multas de hasta 3.000 euros por grafitis y restricciones a caravanas con una nueva ordenanza cívica de la APB.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado una nueva ordenanza de convivencia cívica que castiga con multas de hasta 3.000 euros las pintadas vandálicas en el puerto de Palma y restringe el uso de caravanas y autocaravanas dentro de su recinto. La normativa, aprobada en septiembre por el Consejo de Administración, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de los grafitis, la ordenanza contempla sanciones de casi 1.500 euros por hacer botellón, practicar la venta ambulante o faltar al respeto a los agentes portuarios. Las pintadas, inscripciones y garabatos no autorizados sobre edificios, instalaciones o mobiliario portuario tendrán multas de entre 1.500 y 3.000 euros, la misma cuantía prevista para los actos vandálicos que generen situaciones de peligro, y sus responsables deberán asumir también los gastos de reparación.

La norma regula el comportamiento en las zonas de servicio de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, incluidos los espacios de paseo, comerciales y recreativos. Prohíbe acampar fuera de las zonas habilitadas, con sanciones de entre 750 y 1.499 euros, y considera que un vehículo está acampado cuando sus ocupantes duermen, comen o beben en su interior, aunque no desplieguen elementos exteriores.

El texto también prohíbe faltar al respeto a la Policía Portuaria, desobedecer sus instrucciones u obstaculizar inspecciones, conductas que podrán sancionarse con multas de entre 750 y 1.499 euros. La APB establece además una protección especial del descanso entre las 21.00 y las 9.00 horas.

La ordenanza presenta similitudes con la que el Ayuntamiento de Palma aprobó en abril de 2025, como las elevadas sanciones por grafitis, las restricciones a las caravanas y el control de determinadas actividades en espacios públicos. Mientras el PSOE rechazó la normativa municipal por considerarla "represiva", en el caso de la APB contó con el voto favorable del socialista Cosme Bonet y se aprobó por unanimidad.

La Policía Portuaria podrá intervenir cautelarmente mercancías, instrumentos y materiales utilizados para cometer infracciones. Las sanciones, sin embargo, no podrán aplicarse hasta que la norma entre oficialmente en vigor.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.

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