La Confederación de Sindicatos de Inquilinas pide un cambio estructural del modelo de vivienda antes de la huelga genera
La CSI propone un cambio estructural del modelo de vivienda: cesión de vacías, un millón de viviendas públicas y límites al alquiler. Huelga el 11 de noviembre.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha presentado un documento titulado «Casas para vivir. Una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda», en el que reclama un cambio estructural «de raíz» para que la vivienda deje de estar al servicio de la rentabilidad privada y pase a responder a las necesidades sociales. La organización sostiene que el programa no busca corregir los excesos del mercado ni añadir parches, y pide secundar masivamente la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre bajo el lema «Huelga general por la vivienda y el coste de la vida».
El programa se articula en seis ejes. Uno de ellos propone movilizar las viviendas vacías mediante su cesión obligatoria y temporal al parque público a partir de la tercera propiedad. Otro plantea ampliar el parque público con la recaudación de unos 20.000 millones de euros anuales mediante impuestos a las grandes fortunas y al capital, con el objetivo de construir un millón de viviendas públicas destinadas al alquiler, con rentas que no superen el 20 % de los ingresos familiares, a través de una constructora y una banca públicas.
Entre las medidas también figuran la seguridad residencial, con prórrogas automáticas de los contratos de alquiler de cinco a siete años y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional digna, así como la limitación de los precios del alquiler mediante un índice de precios máximos basado en los ingresos de la población. El documento pide además reconocer derechos sindicales a los inquilinos, derogar la Ley Mordaza y declarar ilegales las empresas de desocupación, y reformar el marco constitucional para situar el derecho a la vivienda por encima de la libertad de empresa.
El portavoz de la CSI, Aldo Reverte, afirma que este programa es su compromiso «gobierne quien gobierne» y señala que pretenden cambiar el modelo de vivienda del país «desde abajo», para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula.
Aunque la noticia tiene un alcance provincial y estatal, Palma, como capital de las Illes Balears, comparte la presión sobre el acceso a la vivienda y el coste de la vida que motiva esta movilización.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.