La posible vuelta de Maricarmen a su casa abre una negociación en Madrid
El caso de Maricarmen podría dar un giro tras una propuesta de Urbagestión y una reunión de mediación prevista para el lunes en Madrid.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50 %, en silla de ruedas y con escasa red familiar, podría dar un nuevo giro. Tras ser desalojada de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que había vivido durante 70 años, el fondo Urbagestión ha planteado al Ayuntamiento de Madrid una alternativa para que pueda regresar con un alquiler «estable y asequible».
La propuesta del fondo, que había acudido a la Justicia para reclamar la vivienda, fue considerada «inviable» por el Ayuntamiento. Sin embargo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ofreció a los representantes de Maricarmen su Servicio de Intermediación del Alquiler, una vía que ha sido aceptada.
El próximo lunes 28 de septiembre, a las 16.00 horas, está prevista una reunión entre los representantes de la afectada y los propietarios de la vivienda, con la mediación de profesionales de la empresa municipal. Por ahora, la posibilidad de que Maricarmen vuelva a su casa sigue abierta, aunque no hay un acuerdo cerrado.
El caso ha provocado un cruce de acusaciones entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez reprochó a las administraciones madrileñas haber ignorado una «tragedia social», mientras que Isabel Díaz Ayuso responsabilizó al Gobierno central de no haber modificado la legislación sobre vivienda y calificó de «absurda» la normativa actual.
Las protestas contra la especulación inmobiliaria y en solidaridad con las personas desahuciadas se han sucedido en Madrid y otras capitales españolas. Este sábado está prevista una nueva manifestación desde la Puerta del Sol hasta el Congreso. El relator de Naciones Unidas sobre vivienda, Koldo Casla, también cuestionó la legislación española por no garantizar un análisis de proporcionalidad de los desahucios en cada caso.
La repercusión del desalojo ha llevado al Gobierno central a intentar aprobar un decreto ley urgente sobre vivienda y a retomar las negociaciones con los grupos políticos. La noticia, de ámbito madrileño, refleja un problema —el acceso a la vivienda y la protección ante los desahucios— que también forma parte del debate social y político seguido por los vecinos de Palma.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.