La reforma de la Ley de Capitalidad crea vicealcaldes, una Oficina de Defensa de Arrendatarios y agentes cívicos en Palm
La Ley de Capitalidad duplica a 60 millones la aportación a Palma y crea vicealcaldes, una Oficina de Defensa de Arrendatarios y agentes cívicos.
El Parlament ha aprobado la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma, una reforma que pretende mejorar la organización del Ajuntament y dotarlo de nuevas herramientas para prestar servicios públicos como capital económica y social de las Illes Balears. La aportación mínima anual del Estado a Palma en concepto de capitalidad se duplica hasta los 60 millones de euros, con un mecanismo de actualización anual que tendrá en cuenta la evolución de los precios y de la población del municipio.
Entre las novedades de organización aparecen la figura de los vicealcaldes, ya existente en otras grandes ciudades españolas, y una Gerencia del Ajuntament encargada de mejorar la coordinación entre áreas, supervisar los organismos públicos y seguir los proyectos estratégicos de la ciudad. Cada distrito tendrá además una gerencia propia con personal técnico y competencias ejecutivas en vía pública, mantenimiento, movilidad local y participación ciudadana, así como una partida presupuestaria anual de gestión directa.
La ley también crea Consejos de Distrito, órganos de deliberación y participación integrados por representantes políticos y entidades vecinales, que deberán informar sobre las inversiones del presupuesto en cada distrito, las modificaciones urbanísticas sustanciales y los planes de movilidad sostenible. El actual Consejo Jurídico municipal pasa a llamarse Consejo Jurídico-Técnico.
En vivienda y urbanismo, la norma convierte la Gerencia de Urbanismo en organismo autónomo local, con personalidad jurídica, presupuesto propio y contratación más ágil, y crea una Empresa Municipal de Vivienda para promover, construir, rehabilitar y gestionar viviendas protegidas y dotacionales. El Ajuntament podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre terrenos calificados como sistemas generales o equipamientos, en casos como el solar de Can Pesquet, en Son Sardina, o el Cine Iris, en El Vivero.
La ley incorpora asimismo una Oficina de Defensa de las Personas Arrendatarias, un servicio municipal de información, asesoramiento jurídico y acompañamiento en materia de alquiler y riesgo de pérdida de la vivienda. Con ello podría quedar sin efecto la Oficina de Antiokupación, cerrada hace unos meses, cuya creación había sido una exigencia de Vox para firmar el Pacto Programático.
En materia de seguridad, la reforma reconoce expresamente la Policía Comunitaria dentro de las funciones de la Policía Local de Palma y prevé la figura de los agentes cívicos, que podrán informar y vigilar el cumplimiento de las normas municipales de civismo y convivencia. Además, establece un procedimiento para avanzar hacia un área metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor, que obligaría al Govern a tramitar en dos años una ley para su creación si lo impulsan los plenos de esos municipios.
Información elaborada a partir de Ultima Hora.