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Sociedad

La Restinga, en El Hierro, vive una crisis migratoria que tensiona a vecinos y servicios

La Restinga, en El Hierro, sufre una crisis migratoria con más de 11.000 llegadas en noviembre, saturación del CATE y agotamiento de los servicios de rescate.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

La localidad de La Restinga, en el sur de El Hierro, atraviesa una situación de excepcionalidad por la llegada continuada de personas migrantes en embarcaciones. Según recoge el reportaje, solo en noviembre la isla ha recibido a más de 11.000 personas, en una población que no llega a los 12.000 habitantes en todo el territorio insular. Las autoridades cifran en más de 800 las personas alojadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), a la espera de ser derivadas a Tenerife y Gran Canaria.

El texto describe el día a día en el campamento, donde algunos migrantes colaboran en tareas de limpieza junto a un grupo de mujeres contratadas para ello por Cruz Roja. Estas voluntarias describen las condiciones encontradas como "horribles e inhumanas" y señalan la falta de camas, con personas durmiendo en el suelo. Entre los jóvenes entrevistados, que llegaron desde Senegal y Gambia tras varios días en el mar, el objetivo expresado es encontrar trabajo cuanto antes.

El personal de Salvamento Marítimo también acusa un agotamiento extremo. Su portavoz, Marcos Díaz, habla de jornadas de hasta 18 horas consecutivas, falta de relevos y una situación "insostenible", y considera insuficiente el refuerzo estatal con una embarcación más. De las cinco Guardamar que hay en España, tres están destinadas solo en El Hierro.

En el plano institucional, el Gobierno volvió a reunir a los ministerios implicados y anunció cinco millones de euros en ayudas extraordinarias, que se incluirán en un real decreto ley urgente: tres millones para gastos sanitarios y dos para el impacto social y económico en El Hierro. También se anunciaron una reorganización de los medios marítimos y una treintena de agentes adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El reportaje subraya que buena parte de los compromisos previos aún no se había traducido en medidas efectivas sobre el terreno.

La crisis también afecta a la actividad económica y social de la localidad. Buceadores, pescadores y bañistas reconocen que han reducido su presencia en el mar por la inseguridad, mientras que vecinos como Pedro González, de 85 años, expresan preocupación por que esta situación se prolongue en el tiempo. El reportaje recoge también la tradición solidaria del pueblo, que dice querer seguir ayudando sin perder la normalidad de su vida cotidiana.

Para los lectores de Palma, se trata de una noticia de ámbito provincial autonómico que no afecta directamente a la capital, pero que forma parte del debate sobre la política migratoria y los recursos de las islas del archipiélago canario.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.

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