La Sindicatura alerta de la falta de planes antifraude en los ayuntamientos baleares, con Palma entre las excepciones

La Sindicatura de Comptes ha advertido de deficiencias en la prevención del fraude y la corrupción en los ayuntamientos de las Islas Baleares, especialmente por la falta de medios para controlar los riesgos detectados y por la ausencia de planes antifraude que vayan más allá de la gestión de los fondos europeos. Así consta en su informe sobre los mecanismos de prevención correspondiente a 2024, en el que el organismo fiscalizador subraya que las entidades locales siguen sin disponer de recursos humanos y materiales suficientes.

Según el informe, todos los ayuntamientos fiscalizados, excepto el de Inca, reconocen que carecen de medios suficientes para llevar a cabo las actividades de control que respondan a los riesgos identificados. La Sindicatura considera que estas actuaciones deben abarcar todos los niveles de la organización y los distintos procesos administrativos, con especial atención a los riesgos más significativos.

En cuanto a los planes de prevención, aunque todas las entidades examinadas afirmaron disponer de uno para 2024, en la mayoría de los casos se trata de planes de medidas antifraude vinculados exclusivamente a los fondos europeos, por lo que no se consideran equivalentes a un plan general de prevención del fraude y la corrupción. Solo los ayuntamientos de Palma, Maó y Llucmajor han extendido sus planes a otros procesos de gestión ajenos a esos fondos, y son los únicos que la institución considera que cumplen los términos analizados en el informe.

Para Palma, la distinción supone que su plan se valora como uno de los tres que abarcan la prevención más allá de los fondos europeos, mientras que la contratación pública concentra buena parte de los riesgos señalados. El uso indebido de los contratos menores, que permite adjudicaciones directas irregulares, es el riesgo citado por un mayor número de entidades, ocho en total, seguido de la ausencia de licitaciones que favorezcan a determinados proveedores o de procedimientos inadecuados que limiten la concurrencia, señalados por cuatro.

El informe también recoge el incumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, así como la fijación de precios contractuales que no se ajustan al mercado, ambos señalados por tres entidades. Además, hay 301 riesgos identificados sin medidas de control para mitigarlos, de los cuales 37 son considerados especialmente significativos por los propios ayuntamientos.

Por último, la Sindicatura evaluó 55 medidas de control implantadas durante 2024: 38 obtuvieron un resultado satisfactorio, nueve fueron consideradas satisfactorias pero con recomendaciones y diez recibieron una valoración no satisfactoria.

Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.