La vivienda enfrenta a eurodiputados españoles de izquierda y derecha

La crisis de la vivienda ha vuelto a enfrentar a eurodiputados españoles de izquierda y derecha en el Parlamento Europeo, con el plan de vivienda asequible de la Comisión Europea como telón de fondo. El debate llega tras el adelanto electoral en España y aborda medidas como la regulación del mercado, las restricciones a la compra de segundas residencias y la inversión.

La socialista Laura Ballarín afirmó que existe una «emergencia habitacional» en España y Europa y defendió intervenir el mercado para proteger el derecho a una vivienda digna. Su compañero Juan Fernando López Aguilar pidió a la Comisión restringir la libre circulación de capitales para impedir que los fondos buitre acaparen viviendas y eleven los precios.

Desde el Partido Popular, Pablo Arias calificó la propuesta comunitaria de «ataque directo a la propiedad privada». Borja Giménez, ponente del informe de la Eurocámara sobre vivienda, la consideró «una decepción» y reclamó que Bruselas priorice la reducción del papeleo, la bajada de impuestos y la atracción de inversiones.

Giménez aseguró que, durante los últimos ocho años, los precios de la vivienda en España han aumentado un 74% y los alquileres un 45%. También sostuvo que las políticas del Gobierno central han expulsado «a 1 de cada 3 viviendas del mercado», unas afirmaciones con las que defendió que la regulación y la intervención responden a intereses ideológicos y electorales.

Eurodiputados de La Izquierda y Los Verdes pusieron como ejemplo la situación española para reclamar una respuesta europea. Ilaria Salis defendió que la vivienda «es un derecho, no un negocio», mientras Hanna Guedin citó las manifestaciones en Madrid y Nicolae Ștefănuță agitó unas llaves en el hemiciclo como símbolo de las protestas y pidió garantizar el acceso a la vivienda.

El debate europeo también tiene interés para Palma porque la vivienda asequible es una cuestión relevante en el conjunto de las Illes Balears y las decisiones comunitarias pueden influir en el marco normativo que afecta a las administraciones y al mercado residencial, aunque el texto no recoge medidas específicas para la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.