La vivienda enfrenta a los bloques políticos por el uso del término «especulador»

La crisis de la vivienda ha convertido el término «especulador» en una de las principales descalificaciones de la precampaña, especialmente desde el bloque de la izquierda. El debate ha tenido ya una primera consecuencia política con la dimisión de la diputada socialista Montserrat Mínguez.

Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y defensora en el Congreso de los decretos de Vivienda, dejó el cargo el pasado viernes después de que trascendiera que su pareja, consejero delegado de una empresa inmobiliaria, alquila 30 pisos y apartamentos y afronta varios procesos de desahucio por impago.

El caso ha puesto de relieve las contradicciones de un discurso que agrupa bajo el mismo calificativo al pequeño propietario, al ahorrador que invierte en vivienda, a las empresas inmobiliarias y a los grandes fondos de inversión. El texto plantea que la crisis es multifactorial y que esta polarización simplifica un problema complejo.

También sostiene que la actividad inmobiliaria puede contribuir a financiar nuevas promociones, rehabilitar edificios y barrios deteriorados o recuperar inmuebles históricos, aunque el resultado siga siendo inalcanzable para muchos compradores. La cuestión planteada es quién aportará el capital necesario para aumentar la oferta si no lo hace el sector privado.

La Administración, según el análisis, ha intentado impulsar vivienda pública con escasos resultados y ha renunciado históricamente a parte de su capacidad para regular el suelo en favor del interés general. La venta de suelo público se presenta como una de las decisiones que han limitado las opciones actuales para aliviar la crisis.

El debate tiene relevancia para Palma y el conjunto de Mallorca porque la vivienda es uno de los principales asuntos políticos y sociales de las Illes Balears, aunque el texto no aporta medidas ni datos específicos sobre la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.