Los bancos necesitarán el consentimiento expreso del cliente para concederle crédito desde el 20 de noviembre

Desde el 20 de noviembre de 2026, las entidades financieras deberán contar con la autorización expresa del cliente antes de concederle un préstamo personal, una tarjeta de crédito, una ampliación de límite o un descubierto en cuenta. La obligación procede de la Directiva (UE) 2023/2225 sobre contratos de crédito al consumo, cuya fecha de aplicación es esa, y también figura en el artículo 63 del anteproyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía. Según ha aclarado el Banco de España, el texto español aún debe completar su tramitación parlamentaria para convertirse en ley.

La medida pretende reforzar la protección económica de los consumidores y evitar que una persona contraiga deudas que no ha decidido asumir. Las entidades podrán seguir ofreciendo financiación, pero la decisión de contratarla corresponderá siempre al cliente. En la práctica, no se podrá conceder un préstamo ni enviar una tarjeta que el consumidor no haya pedido, ni subir de forma unilateral el límite de una tarjeta o activar un descubierto por iniciativa del banco.

El artículo 63 del anteproyecto, titulado «Prohibición de la concesión no solicitada de crédito», establece que se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no la hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso. El precepto se apoya en el artículo 17 de la directiva europea, que fija la misma prohibición en el conjunto de la Unión Europea. La directiva sustituye a la de 2008 y actualiza las reglas ante nuevos productos y canales, como la financiación digital.

El texto pone ejemplos concretos: un banco no podrá elevar de 1.500 a 3.000 euros el límite de una tarjeta sin la conformidad del titular, ni contratar un crédito adicional ligado a la compra de un electrodoméstico sin que el cliente lo haya pedido. Sí podrá informar de que tiene un préstamo preconcedido, pero no formalizarlo sin aceptación expresa. El consentimiento debe darse mediante una acción clara, como firmar el contrato o confirmarlo por un procedimiento electrónico, y no puede deducirse del silencio ni de casillas premarcadas.

La protección alcanza a bancos, cajas, entidades financieras de crédito, empresas de préstamos personales y plataformas digitales de financiación. Para Palma, la noticia tiene interés como cambio general en la contratación de crédito que afectará a cualquier cliente de las entidades que operan en la ciudad, aunque el texto no recoge datos específicos de la capital. Queda pendiente conocer el contenido definitivo de la ley española, que determinará el régimen concreto aplicable en el país.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.