Los centros de datos preparan batalla legal contra el nuevo decreto y critican el trato de favor a la gigafactoría catal

El Gobierno ha revisado el borrador del real decreto que regulará la actividad de los nuevos centros de datos y ha optado por flexibilizar algunas de las exigencias ambientales y de seguridad digital previstas. La primera versión, con obligaciones más estrictas, ya había levantado ampollas en el sector tecnológico, y el nuevo texto no ha calmado los ánimos. Según la información publicada por Diario de Ibiza, las grandes empresas del sector advierten de un "rechazo absoluto y masivo" y ya buscan vías legales para tumbar la norma. Fuentes del sector aseguran que "no tiene sentido una normativa que supone la muerte del sector en España", y temen por las inversiones de en torno a 67.000 millones de euros previstas para el despliegue de centros de datos en el país hasta 2030.

El real decreto fue remitido al Consejo de Estado para su estudio urgente, con el objetivo de aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre, e incluso el Ejecutivo podría sacarlo adelante estando en funciones. La nueva versión mantiene la intención de filtrar la avalancha de proyectos y dejar adelante solo los más sostenibles, pero modera algunas exigencias. Concretamente, concede cinco años para que los centros de datos cumplan la obligación de que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar la desconexión de las instalaciones si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Las empresas consideran esta condición "totalmente inaceptable" por los elevados costes que supondría poner en marcha grupos electrógenos de respaldo, normalmente generadores que queman diésel.

La patronal SpainDC, que agrupa a gigantes como Amazon, Google o Microsoft, ha denunciado defectos de forma que, a su juicio, ponen en duda la legalidad del texto. Cuestiona que un real decreto, que no tiene rango de ley, sirva para regular de forma integral el sector, que se tramite por vía de urgencia y que tenga efectos retroactivos sobre proyectos ya en curso. La batalla legal se prevé escalonada: antes de la aprobación, el sector pretende llevar el caso al Consejo de Estado, exigir un nuevo informe de la CNMC y reclamar un pronunciamiento de la Comisión Europea, lo que retrasaría la norma meses. Después de su aprobación, se anticipan recursos judiciales, peticiones de medidas cautelares y reclamaciones de indemnizaciones multimillonarias.

El nuevo borrador también establece un tratamiento especial para la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova (Tarragona), proyecto impulsado por el Gobierno central con la participación de la Generalitat y de empresas privadas como Telefónica, Santander, ACS y Multiverse Computing. Para este tipo de proyectos estratégicos, la norma exigiría que el consumo eléctrico sea igual a la media de producción de electricidad verde del país, en lugar del 80% renovable, y concede más tiempo para cumplir las prácticas de eficiencia energética. El sector lo considera una discriminación clara: "El Gobierno sabe que las exigencias del real decreto no se pueden cumplir, y lo sabe tan bien que el único centro de datos que no tiene que cumplirlas es el suyo".

La gigafactoría, con una inversión movilizada de unos 5.000 millones de euros y un modelo multisede que incluye un segundo centro en San Fernando de Henares (Madrid), busca entrar en la carrera por las subvenciones de la Comisión Europea para impulsar grandes centros de computación en la UE. Como noticia de ámbito estatal con repercusión en Catalunya, su interés para los vecinos de Palma es indirecto y se centra en el debate general sobre la regulación de las infraestructuras digitales.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.