Los directivos de la cooperativa de Les Naus se desvinculan de la gestión y señalan al promotor ante la jueza

La cúpula directiva de la cooperativa de Les Naus ha trasladado toda la responsabilidad de la gestión de la entidad al promotor Francisco Ordiñana y se ha desvinculado de cualquier responsabilidad. La jueza instructora, Amparo Rubio, tomó declaración este lunes como investigados al presidente, Luis Alberto Meler; a la vicepresidenta, Vanesa Quero; y a la secretaria, Trinidad Box, en una comparecencia de menos de 45 minutos en la que se acogieron a su derecho a no responder a las partes personadas más allá de sus defensas y de algunas preguntas de la magistrada.

La citación se produjo a instancias de los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial de La Condomina. Los tres directivos, junto con Ordiñana, fueron los primeros cooperativistas del residencial y cada uno disfruta de uno de los doce áticos, cinco de ellos adaptados, de la urbanización. Según la información, se les atribuye haber tenido prioridad sobre otros socios para quedarse con las viviendas más destacadas del residencial.

Los contratos cuestionados, firmados el 11 de diciembre de 2021 y revisados al alza dos años después, encomiendan la gestión a la empresa Fraorgi SLU y la comercialización y captación de socios a Iuvenale Somnia SL, vinculada al mismo grupo, por unos honorarios de más de 4,4 millones de euros más IVA. Ordiñana es administrador único de Iuvenale, y en sus propias palabras había una lista de espera de más de 2.000 personas para optar a estas viviendas.

Durante el interrogatorio, los tres directivos coincidieron en señalar a Fraorgi y a Ordiñana como responsables del proceso urbanístico y de la gestión, alegando que su papel se limitaba a tramitar formalmente los acuerdos adoptados en asamblea. Meler admitió una relación profesional previa con Ordiñana desde 2010 y negó contactos con concejales o autoridades del Ayuntamiento de Alicante. Quero calificó su papel como puramente nominal y afirmó: «Todo lo gestionaba Ordiñana». Box justificó su aceptación del puesto por el escaso número de socios iniciales en 2018.

El letrado Fernando Cazorla, que ejerce la acusación particular en nombre del PSOE, criticó la brevedad de la declaración. Por su parte, el abogado Eduardo García-Ontiveros, en representación de Ciudadanos, defendió el derecho de defensa de los investigados, pero advirtió de que el Consejo Rector debía ratificar las decisiones y que quienes ocupan un cargo de este tipo tienen responsabilidad legal.

Con estas tres imputaciones, el número de investigados asciende a dieciocho. Entre ellos figuran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, el arquitecto municipal Francisco Nieto, el técnico de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, la arquitecta municipal Elsa Lloret, la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant Sira Pérez y otros siete propietarios. Se trata de un caso de ámbito provincial, con origen en Alicante, que se publica en Palma por su relevancia informativa.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.