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Sábado, 7 de noviembre de 2026 Edición Palma · Illes Balears
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Los sindicatos estudian impugnar los servicios mínimos fijados por el Govern para el personal autonómico

Los sindicatos estudian recurrir el decreto de servicios mínimos del Govern para su personal, fijado sin acuerdo y publicado en el BOIB este sábado.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

Los sindicatos valoran recurrir el decreto de servicios mínimos aprobado por el Govern para la administración de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo los fijó de forma unilateral tras concluir sin acuerdo la negociación con los sindicatos, y el decreto se publicó este sábado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Sindicatos como CCOO han denunciado que las exigencias de personal mínimo son excesivas y sostienen que el funcionamiento debería equipararse al de un domingo. Dado el poco margen que queda hasta el miércoles, la única opción sería que un juez anulara los servicios mínimos mediante una medida cautelarísima. El texto recuerda que en muchas huelgas la sentencia definitiva llega después de la fecha del paro, por lo que una eventual anulación podría producirse cuando ya no tuviera efecto práctico.

CCOO critica, por ejemplo, que el decreto exija que el metro y el tren funcionen con un 80 % del servicio fuera de horas punta y un 50 % en hora punta, además de la presencia obligatoria de un funcionario en las oficinas de registro. En su comunicado, la organización sostiene que «los servicios deben ser equiparables a un domingo, en el que la ciudadanía tiene sus necesidades básicas cubiertas».

En el ámbito educativo, la apertura de los centros será obligatoria, y los equipos directivos deberán designar al personal de forma obligatoria o por sorteo. Se garantizará el 100 % de las expediciones del transporte escolar. En sanidad, la cobertura será total en urgencias, áreas críticas, neonatología y partos, mientras que la atención primaria funcionará con plantillas reducidas. El decreto fija también dotaciones mínimas de recursos humanos, vigilancia y mantenimiento, y en IB3 establece contingentes de 60 trabajadores para televisión y 14 para radio.

Los empleados públicos a los que se asigne un servicio mínimo tendrán la obligación legal de acudir a trabajar. Si secundan la huelga, se enfrentarían a sanciones disciplinarias graves.

CCOO ha advertido en un comunicado que «el Govern tiene la responsabilidad de garantizar los servicios esenciales, pero también de respetar el derecho de los trabajadores a parar y reivindicar sus derechos», y reclama que la determinación de los servicios mínimos responda a criterios objetivos, justificados y proporcionados.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.

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