Más de 1,2 millones de firmas piden a Bruselas mantener las leyes ambientales de la UE

Más de 1,2 millones de personas han firmado la campaña #HandsOffNature para pedir a la Unión Europea que mantenga sus leyes de protección ambiental frente a las reformas impulsadas por Bruselas para «simplificar» los procedimientos administrativos y mejorar la competitividad. Las firmas, un total de 1.254.722, ya han sido entregadas a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en Bruselas. Entre las entidades promotoras figuran ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF.

Las organizaciones consideran especialmente preocupante que la Comisión Europea impulse cambios en la legislación ambiental justo cuando la biodiversidad sufre más daños y se acusan con más fuerza los efectos de la crisis climática. A su juicio, la simplificación administrativa no debe servir para reducir las garantías de protección de la naturaleza.

Entre las iniciativas cuestionadas está el denominado Ómnibus ambiental, que prevé agilizar las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos considerados estratégicos. Las ONG advierten de que algunas disposiciones podrían reducir el análisis de sus consecuencias sobre los ecosistemas, limitar la participación pública y introducir excepciones a las normas de protección de especies y hábitats. También critican el Ómnibus sobre alimentación y piensos, que flexibiliza los requisitos para aprobar y usar productos fitosanitarios, como pesticidas, y reduce la frecuencia de las evaluaciones obligatorias, algo que, según alertan, podría aumentar los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, la Directiva del Agua se encuentra en el punto de mira, al permitir mayores niveles de contaminación en ríos y lagos para facilitar la implantación de industrias mineras necesarias para la transición ecológica.

Los firmantes recuerdan que las evaluaciones ambientales sirven para identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de su autorización, y que su correcta aplicación aporta seguridad jurídica tanto a las administraciones como a las empresas. Reconocen la necesidad de agilizar trámites, pero defienden que eso debe lograrse con una planificación más eficaz, mejor coordinación institucional y administraciones con recursos humanos y técnicos suficientes.

La directora de ClientEarth España y Mediterráneo, Soledad Gallego, ha señalado que simplificar trámites no puede implicar eliminar garantías jurídicas que protegen la naturaleza y la salud, y ha advertido de que debilitar estas normas no aumentará la competitividad europea, sino que hará al continente más vulnerable. El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha calificado el proceso de «desregulación ambiental de una magnitud sin precedentes» en la historia de la UE y ha cuestionado que las evaluaciones de impacto, la protección de especies o la participación ciudadana sean obstáculos administrativos innecesarios.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado que el respaldo ciudadano refleja el rechazo a la devaluación de las normas que protegen el patrimonio natural europeo, y ha advertido de que numerosas especies y hábitats siguen deteriorándose y que las leyes existentes aún no se aplican adecuadamente. Por su parte, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha cuestionado que desde Bruselas se presente la protección ambiental como una carga para la economía, recordando que la competitividad también depende de conservar ríos, suelos fértiles, bosques y ecosistemas.

Las cuatro entidades coinciden en que mejorar la eficacia administrativa es compatible con mantener las garantías ambientales, y reclaman que cualquier modificación normativa preserve la protección de la naturaleza, la salud pública y el derecho de participación ciudadana. Aunque la noticia se refiere a decisiones de la UE, afecta a toda la ciudadanía europea, también a Palma, como capital de las Illes Balears.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.