Pradas recurre el archivo de su queja contra la jueza de la dana por el caso de su marido
Salomé Pradas recurre ante el CGPJ el archivo de la queja contra la jueza de la dana por la presunta intervención de su marido en declaraciones.
La exconsellera Salomé Pradas ha recurrido ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el archivo de la queja disciplinaria contra la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, por la presunta intervención de su marido, también juez, en declaraciones practicadas durante la investigación. La defensa pide que se revoque la decisión y que se reabra la investigación o se incoe un expediente disciplinario, al considerar que el órgano de gobierno de los jueces cerró las diligencias de forma prematura, sin tomar declaración a los perjudicados que aseguran que el segundo magistrado participó en sus interrogatorios. El recurso de alzada, al que ha tenido acceso Levante-EMV, cuestiona los argumentos del promotor de la Acción Disciplinaria, que propuso el archivo por no existir pruebas con suficiente solidez.
La Comisión Permanente acordó por unanimidad cerrar las diligencias informativas, al entender que las grabaciones aportadas presentaban dudas sobre su autenticidad, integridad y correspondencia con las actuaciones judiciales. La representación de Pradas sostiene que el promotor aplicó un nivel de exigencia probatoria propio de una resolución sancionadora para decidir si procedía siquiera abrir un expediente. Según su escrito, "una cosa es que la presunción de inocencia impida sancionar sin prueba suficiente y otra, muy distinta, que impida abrir un expediente cuando existen indicios objetivos que justifican investigar una conducta potencialmente disciplinaria".
La defensa destaca la existencia de cuatro testimonios directos que sitúan al marido de la instructora en dos actuaciones judiciales distintas. Dos de los perjudicados aseguran que el magistrado les tomó declaración junto a la jueza el 24 de enero de 2025 y que ambos formularon preguntas. Los otros dos se refieren a una declaración del 14 de febrero de ese año, en la que una perjudicada identificó a una tercera persona junto a la magistrada como su marido, versión que su esposo corroboró. El recurso reprocha al promotor haber restado valor a estos testimonios por la vinculación de los perjudicados con una misma dirección letrada, y recuerda que, si había dudas sobre su credibilidad, lo procedente era tomarles declaración presencialmente.
El escrito también cuestiona los informes de los funcionarios judiciales. Según la defensa, la letrada de la Administración de Justicia que informó sobre la declaración del 14 de febrero reconoció no recordar haber estado presente, y la funcionaria que sustituyó a la titular en las actuaciones de enero no pudo precisar si había intervenido otro magistrado. Además, critica que la ausencia del nombre del segundo juez en las actas se utilice para descartar su presencia.
En cuanto a las grabaciones, la defensa reclama una pericial fonética independiente y otra informática para comprobar la integridad de los archivos y su correspondencia con las actuaciones. Pide también la declaración del abogado de varias víctimas, que asegura haber estado presente en los interrogatorios, así como los archivos originales con sus metadatos y registros de agenda, señalamientos y accesos a las salas que permitan esclarecer dónde se encontraba el segundo magistrado.
Por último, la defensa sostiene que la investigación disciplinaria no podía limitarse a una posible recomendación en la actividad jurisdiccional de otro juez, sino que los hechos podrían encajar en otras infracciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El escrito concluye que "la incertidumbre que la resolución utiliza como fundamento del archivo no constituye una razón para cerrar la investigación", y afirma que, mientras no se tome declaración a los testigos, "la investigación estará mutilada y el archivo será prematuro". Aunque el asunto se tramita en el ámbito de la Comunitat Valenciana, afecta al seguimiento judicial de la dana, una causa que también ha tenido un fuerte impacto informativo y político en Baleares.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.