UGT mantiene sus denuncias sobre presuntas irregularidades en Son Reus
UGT mantiene sus denuncias sobre presuntas deficiencias higiénico-sanitarias y laborales en la perrera municipal de Son Reus.
UGT ha vuelto a cuestionar las explicaciones del Ayuntamiento de Palma sobre la situación de la perrera municipal de Son Reus y asegura disponer de pruebas documentales sobre deficiencias que, según el sindicato, se han prolongado en el tiempo.
UGT Servicios Públicos sostiene que el traslado conjunto de animales vivos y muertos en los mismos vehículos fue una práctica continuada hasta su denuncia pública. El sindicato ya había alertado de esta situación a principios de septiembre y presentó una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente contra el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Athisa, por supuestas irregularidades higiénico-sanitarias y de bioseguridad.
La organización afirma que no difundió más fotografías por responsabilidad hacia la plantilla y para evitar posibles represalias. Cort, por su parte, calificó de falsas las acusaciones y defendió que las imágenes aportadas no reflejaban los procedimientos habituales del centro, que, según el Ayuntamiento, había superado inspecciones sin expedientes sancionadores.
Otro de los desacuerdos se refiere a los equipos de refrigeración para conservar los cadáveres de los animales. UGT asegura que las imágenes difundidas por Cort corresponden a actuaciones posteriores y que no corrigen la situación de fondo que, según el sindicato, había quedado registrada.
UGT también sostiene que la presencia de legionela en la red de agua de Son Reus se prolongó durante todo el verano y que ese suministro se utilizó para el consumo de los animales. El Ayuntamiento había indicado que controla periódicamente la calidad del agua mediante el laboratorio municipal, Emaya y empresas externas, además de mantener los niveles de cloro.
El sindicato vincula estas denuncias con el conflicto laboral del centro y afirma que su delegado sufre una campaña de “acoso y derribo” tras la apertura de un expediente sancionador. UGT reclama depurar responsabilidades políticas, restituir la dignidad laboral de la plantilla y garantizar un servicio público que cumpla las exigencias sanitarias, mientras mantiene abiertas sus actuaciones administrativas y legales.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.