Un fondo de inversión pide desahuciar a Margalida, de 87 años, de su piso de renta antigua en Palma

Un juicio celebrado en los juzgados de sa Gerreria, en Palma, decide el futuro de Margalida, una inquilina de 87 años que vive desde 1963 en un piso del barrio de Pere Garau. Dos fondos de inversión, nuevos propietarios de la vivienda, piden la extinción del contrato de renta antigua por impago de alquiler y su desahucio. Según la versión de la familia, la mujer, que ha sido tratada por dos cánceres de pecho y padece depresión, pagaba la renta anualmente y estaba al corriente de pago.

El hijo de la inquilina explicó en la vista que él gestionaba el alquiler y la comunidad desde 2024, y que su madre, que sufrió una caída con fractura de tres vértebras ese mismo año, siempre había pagado la renta una vez al año, unos once euros mensuales. Relató que a finales de 2023 su madre hizo por sí sola una transferencia de 447 euros tras recibir un burofax del nuevo propietario, y que nadie le comunicó que debía pagar mensualmente. También denunció que la propiedad dio de baja el contrato de agua de Emaya que estaba a nombre de su madre y que el telefonillo del piso no está conectado.

La abogada de las mercantiles propietarias sostuvo que se han producido dos incumplimientos: primero un impago de 13 mensualidades y después de 17, y pidió al juez que declare extinguido el contrato. Defendió que no hay afán de desalojar a la inquilina y que la propiedad ha hecho obras de mejora, como la instalación de un ascensor y de nuevas redes eléctrica y de agua.

Por su parte, la abogada de Margalida, Aina Díaz, pidió la desestimación íntegra de la demanda, al considerar que en 2022 no hubo comunicación sobre el cambio de propiedad ni sobre la nueva forma de pago. Afirmó que su clienta es cumplidora y no tiene problemas económicos, y advirtió de que echar de casa a una mujer de 87 años supondría dejarla sin hogar. Solicitó la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo.

El empresario dueño del piso defendió que entregó en mano a la inquilina, en 2022, una nota con el número de cuenta para pagar, y que tras varios meses sin pago envió un segundo burofax. Admitió que no conectó el videoportero porque debía terminarse una obra interior y negó haber suplantado la identidad de la inquilina para cambiar la titularidad del contrato de agua, al tratarse del contador de la comunidad. El juicio quedó visto para sentencia.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.