El Ayuntamiento inicia la devolución de la tasa de basura anulada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado este miércoles el procedimiento para revocar las liquidaciones de la tasa de basura anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La medida afecta a unos 30.000 contribuyentes y abre el camino para devolver aproximadamente cinco millones de euros recaudados.

La resolución del Órgano de Gestión Tributaria coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del fallo que anuló la ordenanza fiscal, dictado el pasado 6 de julio tras el recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez. La publicación oficializa la anulación de la norma, mientras que el decreto municipal inicia la revisión de los recibos emitidos.

Antes de efectuar las devoluciones, el Ayuntamiento deberá publicar un anuncio en el BOP y abrir un plazo de audiencia de quince días. Durante ese periodo, los afectados podrán consultar la información individualizada de sus recibos y las cantidades que, en su caso, podrían recuperar.

Después, el Servicio de Tributos tendrá que elaborar una propuesta de resolución y solicitar un informe preceptivo de los servicios jurídicos municipales. El órgano competente deberá resolver el procedimiento y, si acuerda anular las liquidaciones, reconocer el derecho a la devolución de los ingresos indebidos y tramitar los pagos, incluidos los intereses de demora.

El decreto no fija un calendario para completar estas operaciones ni una fecha para que los contribuyentes reciban el dinero. Además, advierte de que la nulidad de la ordenanza no elimina automáticamente los recibos firmes, por lo que deberán analizarse las distintas situaciones jurídicas, incluidas las liquidaciones recurridas y las deudas pendientes de cobro.

La sentencia del TSJC adquirió firmeza el 6 de octubre al no presentarse recurso de casación. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, había anunciado el 13 de octubre que las devoluciones se realizarían de oficio, aunque sin comprometer plazos debido a la tramitación de unos 30.000 expedientes. La tasa, que ascendía a 149,33 euros para numerosos hogares, fue anulada por deficiencias en la justificación económica de las cuotas.

Información elaborada a partir de La Provincia.