El Consejo de Estado aún busca la vía jurídica para apartar a De la Vega tras año y medio de baja

El Consejo de Estado sigue estudiando cómo proceder ante la prolongada ausencia de María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno y consejera permanente de la institución, que lleva «un año y medio» sin acudir a su puesto de trabajo por razones de salud. Así lo ha explicado su presidenta, Carmen Calvo, durante la presentación de la memoria anual de 2025 del máximo órgano consultivo del Estado.

Calvo ha detallado que la ponencia especial encargada en septiembre continúa «dilucidando el procedimiento a seguir» para determinar qué medidas pueden adoptarse, una situación que podría terminar en la incapacitación de la exdirigente socialista para seguir desempeñando sus funciones. La ponencia no se constituyó hasta un mes después de su encargo y se ha reunido en dos ocasiones.

La presidenta ha defendido actuar con cautela y ha señalado que, en el caso de cualquier trabajador, una baja médica puede prolongarse hasta un año y medio antes de agotar el periodo ordinario máximo de incapacidad temporal. No obstante, ha insistido en que esa legislación laboral no se aplica a los «cargos públicos». Calvo ha querido separar los tiempos del proceso de la cercanía de las elecciones generales del próximo día 29 y ha subrayado el derecho a la intimidad de De la Vega.

La ponencia especial está presidida por el consejero responsable de la sección octava, cuenta con la participación de otra consejera y con el asesoramiento de un letrado mayor. Sus integrantes todavía determinan qué procedimiento jurídico corresponde aplicar para verificar la situación y, en su caso, decidir sobre la continuidad de De la Vega, responsable de la sección séptima. Calvo también ha indicado que José Luis Manzanares, de 96 años, estuvo un año sin acudir a su puesto pero se reincorporó hace dos semanas, por lo que su caso es distinto.

El Consejo de Estado cuenta con nueve consejeros vitalicios, nombrados por el Gobierno central sin límite de tiempo, además de once natos y diez electivos. Asimismo, la comisión de Estudios analiza propuestas para reformar el reglamento orgánico, entre ellas el régimen de incompatibilidades de los letrados y el carácter vitalicio de algunos consejeros; las conclusiones se remitirán al Ministerio de la Presidencia y, en su caso, al Congreso, dado el rango de ley orgánica de la norma.

Según la consejera Paz Andrés Sáenz de Santa María, coordinadora de la memoria, el órgano recibió 1.301 consultas en 2025 y despachó 1.315 expedientes, un 36% menos que el año anterior, descenso que atribuye a la disminución de consultas tras la pandemia de covid-19.

Información elaborada a partir de La Provincia.