El Gobierno prepara nuevas ayudas ante el alza de la inflación y la energía

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes un nuevo paquete de ayudas para los sectores más afectados por el repunte de la inflación y la crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Medio. Desde marzo ha movilizado alrededor de 7.000 millones de euros en ayudas directas y otros 2.700 millones por la reducción progresiva del impuesto a la producción eléctrica, cuya eliminación está prevista para 2027 y 2028.

El Ejecutivo estudia ajustar el coste del plan y no se compromete a prorrogar por completo el decreto vigente, como reclaman las organizaciones empresariales. Buena parte de las medidas caduca el próximo miércoles, entre ellas las rebajas del impuesto de hidrocarburos y las ayudas al gasóleo para profesionales y agricultores. El bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables seguirán hasta final de año.

Los carburantes se han encarecido un 21,3% y la inflación general aumentó siete décimas en agosto, hasta el 4,3%. Los socios parlamentarios consideran insuficiente la respuesta y reclaman incorporar medidas sobre vivienda, aunque el PSOE prefiere tramitar ese paquete en un decreto separado y contar antes con apoyos suficientes en el Congreso.

Entre las propuestas negociadas por PSOE y Sumar figura una prórroga reforzada de los alquileres, que permitiría ampliar dos años los contratos que terminen antes de julio de 2028. El Ministerio de Vivienda también plantea elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos, regular los alquileres de temporada, ofrecer bonificaciones en el IRPF a los propietarios que reduzcan las rentas y hacer obligatorios los contratos por escrito.

La moratoria antidesahucios es uno de los principales puntos de conflicto. Sumar y otros socios de la izquierda reclaman recuperar la prohibición de desalojar a personas vulnerables. El presidente Pedro Sánchez ha evitado fijar una fecha y ha pedido el compromiso del Parlamento para convalidar las medidas.

El plan tendrá impacto en Canarias y, por tanto, en los hogares y actividades económicas de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el texto no concreta medidas específicas para la ciudad ni para la provincia de Las Palmas.

Información elaborada a partir de La Provincia.