El PP propone deducciones fiscales para alquileres prorrogados tres años con subidas inferiores al IPC

El Partido Popular plantea incentivar la continuidad de los contratos de alquiler mediante deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que prorroguen sus contratos durante tres años con incrementos de renta inferiores al IPC. La medida, de ámbito estatal, afectaría también a Gran Canaria si llegara a aprobarse. Alberto Núñez Feijóo la presentó el pasado 21 de octubre en Sevilla, dentro de las actuaciones que impulsaría si su partido llega al Gobierno. Los importes y los requisitos completos todavía no se han concretado.

Para el inquilino, la propuesta supone prolongar el contrato durante tres años con subidas por debajo de la inflación. Esto no implica necesariamente que la mensualidad baje, ya que el alquiler podría aumentar siempre que el incremento sea inferior al IPC y respete los límites legales. Como ejemplo orientativo, con una inflación de referencia del 3%, una subida del 2% sobre un alquiler de 800 euros llevaría la mensualidad a 816 euros. Se trata de una ilustración de la condición anunciada, no de una cifra fijada por el partido.

Feijóo también ha anunciado deducciones para los arrendatarios, aunque todavía falta conocer su diseño para determinar qué contribuyentes podrían acogerse y cuánto reducirían su factura fiscal. Al propietario que prorrogue el contrato en esas condiciones se le ofrecería un incentivo fiscal. Según el planteamiento expuesto por Feijóo, la idea es que mantener al inquilino y moderar las subidas tenga una compensación tributaria. El dirigente popular lo resumió así: «El inquilino se va a beneficiar del precio de la renta y el propietario de la deducción fiscal».

Una deducción reduce el impuesto que corresponde pagar cuando se cumplen sus requisitos, y su efecto concreto dependerá del importe aprobado y de la situación tributaria de cada beneficiario. Por ello, todavía no puede traducirse el anuncio en un ahorro concreto para propietarios o familias de Gran Canaria.

Conviene distinguir entre la condición fijada por el PP para obtener el incentivo y las reglas vigentes para actualizar los alquileres. Según explica el INE, los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023 se revisan conforme al Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que establece un límite de referencia para evitar subidas desproporcionadas. Por tanto, no puede darse por hecho que el IPC sea el límite aplicable a todos los contratos.

La futura regulación deberá aclarar cómo encajaría el incentivo con esas condiciones. En cualquier caso, una subida inferior al IPC no bastaría para justificar un incremento que superara el límite legal correspondiente.

Información elaborada a partir de La Provincia.