La CEOE Tenerife reclama agilizar los trámites municipales en Canarias

La CEOE Tenerife sitúa el funcionamiento de las administraciones municipales como el principal freno a la inversión y la competitividad en Canarias. En un informe, la patronal reclama una reforma estructural para reducir la lentitud de los trámites, el exceso de normativa y la inseguridad jurídica que, según sostiene, dificultan la ejecución de proyectos y la creación de empleo.

El presidente de la Confederación, Pedro Alfonso, resume la situación así: "no podemos dedicar años a diseñar incentivos para atraer inversiones y después dedicar otros tantos a autorizar que se ejecuten". La organización considera que instrumentos como el Régimen Económico y Fiscal, la Zona Especial Canaria y la Reserva para Inversiones en Canarias pierden parte de su potencial cuando los proyectos quedan atrapados en procedimientos complejos e imprevisibles.

El informe señala especialmente a los ayuntamientos, como primera puerta para abrir negocios, reformar viviendas, instalar energía fotovoltaica, urbanizar suelo o solicitar licencias. La patronal advierte de que los municipios pequeños deben aplicar una legislación similar a la de las grandes ciudades, pero con menos medios técnicos y jurídicos, lo que puede favorecer la acumulación de expedientes y el retraso en las decisiones.

La vivienda es uno de los ámbitos más afectados. CEOE Tenerife denuncia la lentitud en la tramitación de los planes generales, la multiplicación de informes sectoriales, el reparto de competencias y la duplicidad de trámites. A su juicio, estas demoras encarecen el desarrollo de nuevas viviendas y dificultan ampliar la oferta en un mercado presionado por la demanda turística, las viviendas vacacionales y las compras de extranjeros. Alfonso afirma que "cada vivienda que no llega al mercado por una demora evitable es una oportunidad menos para una familia".

La patronal también alerta de pérdidas de recursos económicos por la incapacidad para resolver expedientes, ejecutar subvenciones, justificar fondos europeos y activar inversiones privadas. Para corregirlo, propone simplificar la normativa, adaptar las exigencias al tamaño de cada municipio, profesionalizar la gestión pública, flexibilizar la contratación y realizar auditorías independientes de eficiencia municipal. El diagnóstico afecta al conjunto de Canarias y resulta relevante para Las Palmas de Gran Canaria como capital y uno de los principales núcleos administrativos y económicos del Archipiélago, aunque el informe no detalla medidas específicas para la ciudad.

Información elaborada a partir de La Provincia.