Un ataque ultra en Ceuta alarma a las ONG por la hostilidad hacia su labor
Un ataque ultra en Ceuta contra un vehículo confundido con el de una ONG alarma a las entidades humanitarias por el auge del odio.
Un centenar de manifestantes ultras apedreó en Ceuta el vehículo en el que viajaban la diputada regional de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y una abogada de derechos humanos, después de confundirlo con el coche de la ONG navarra Negu Gorriak / Derecho a Techo. El ataque rompió las lunas del automóvil y obligó a intervenir a la Policía Nacional.
Los manifestantes lanzaron piedras y huevos mientras proferían insultos como “radicales” y “proetarras”. El episodio ha reavivado la preocupación por la escalada de hostilidad contra las organizaciones humanitarias y las personas que trabajan con migrantes y colectivos vulnerables.
La Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 110 organizaciones de cooperación internacional, expresó su “máxima preocupación” y rechazo ante lo que considera una “deriva global de persecución a la solidaridad”. Las entidades denuncian que la proliferación de discursos de odio y la desinformación está situando a migrantes, activistas y trabajadores humanitarios en el centro de los ataques.
“Quienes defendemos los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria nos hemos convertido en objetivo del odio por hacer nuestro trabajo”, señaló el sector social, que alertó de la normalización de la violencia y del temor creciente a trabajar en entornos hostiles.
La cooperante Estíbaliz Táboas, integrante de la Coordinadora y con 15 años de experiencia, vinculó el altercado con el deterioro del espacio cívico y sus efectos sobre la seguridad del personal sanitario y de asistencia. “Las personas cooperantes estamos expuestas a este deterioro y a más riesgos”, advirtió, antes de reclamar medidas de protección eficaces y una financiación adecuada a las Administraciones públicas.
La Coordinadora y los colectivos sobre el terreno pidieron abordar la situación en Ceuta con respeto a los derechos humanos y a la legislación internacional, garantizando la asistencia a menores y colectivos vulnerables y evitando discursos racistas. El caso, aunque ocurrido fuera de Canarias, interesa también en Las Palmas de Gran Canaria por el debate sobre la protección de las organizaciones humanitarias y la atención a las personas migrantes.
Información elaborada a partir de La Provincia.