Vivienda, corrupción y migración, tres frentes de la precampaña española
Vivienda, causas judiciales y migración marcan la tensión política española a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas.
La política española afronta una nueva semana marcada por tres asuntos que han alimentado la confrontación entre partidos: el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros cuyo origen se investiga y el incidente con gas pimienta protagonizado por la diputada del PP Ana Vázquez en el Congreso.
El lanzamiento de Maricarmen, que llevaba 71 años viviendo en el mismo piso, ha situado de nuevo la vivienda en el centro del debate. Sumar reclama al PSOE un decreto que, según sostiene, habría evitado el desahucio, mientras el Gobierno responsabiliza al PP. En Madrid tampoco se ha cerrado la polémica por la compra de un ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid.
El texto plantea que la competencia sobre vivienda está fragmentada entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una estructura que dificulta atribuir responsabilidades. La situación también afecta al debate político en Canarias y, por extensión, a sus capitales, incluida Las Palmas de Gran Canaria, aunque el artículo no aporta datos específicos sobre la ciudad.
La agenda judicial ha vuelto a golpear al PSOE con la apertura de juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También han sido citadas las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, en el que han cobrado relevancia unas joyas halladas en una caja fuerte y tasadas en más de 1,3 millones de euros.
Zapatero sostiene que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007 y ha pedido al juez que solicite cooperación a Riad para confirmar su versión. Por ahora, el texto señala que no consta una confirmación oficial de Arabia Saudí.
En el Congreso, Ana Vázquez mostró un bote de gas pimienta durante un debate sobre Ceuta, fue expulsada y posteriormente un asesor manipuló el aerosol en unos baños. Varias dependencias fueron precintadas y 12 personas recibieron atención. El episodio desplazó el foco de la situación migratoria de Ceuta, donde permanecen miles de personas, entre ellas varios centenares de menores, casi dos meses después de la entrada masiva.
Pedro Sánchez afirmó esta semana que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y que ha pedido explicaciones a Rabat. El Gobierno necesita mantener la cooperación con Marruecos para controlar las llegadas y realizar retornos, un equilibrio que, según el análisis, condicionará también a futuros ejecutivos.
Información elaborada a partir de La Provincia.