Aplazado el juicio a 12 acusados de fabricar narcolanchas en O Salnés
La Audiencia de Pontevedra aplaza sin nueva fecha el juicio a 12 acusados de fabricar narcolanchas en varios municipios de O Salnés.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado la audiencia preliminar del juicio contra 12 personas acusadas de fabricar narcolanchas en O Salnés para utilizarlas posteriormente en el tráfico de hachís desde Marruecos. La vista estaba prevista para el jueves 29 de octubre, pero se ha suspendido por la baja de una abogada y todavía no tiene nueva fecha, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Entre los procesados figuran varios vecinos de la comarca de Arousa. La Fiscalía sostiene que los 12 formaban parte de una organización dedicada a fabricar y vender embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, desarticulada en 2022 durante la operación Munari.
La investigación fue desarrollada por la EDOA de la Guardia Civil, especializada en narcotráfico y crimen organizado. Los agentes siguieron durante un año la pista de la banda y llegaron a geolocalizar algunas embarcaciones tras colocar balizas de seguimiento en ellas.
La operación incluyó registros en naves y viviendas de varios puntos de la provincia de Pontevedra, entre ellos Cambados, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa y Vilagarcía, además de Salamanca, Madrid y Barcelona. La trama estaría dirigida presuntamente por el representante comercial en España de un astillero de Viana do Castelo, en Portugal.
Según la acusación, las lanchas se vendían a traficantes del sur para introducir hachís marroquí en España. La Guardia Civil se incautó de más de media docena de embarcaciones, cuyo precio habría oscilado entre los 110.000 euros de las más sencillas y los 200.000 de las más grandes y sofisticadas.
Los procesados afrontan peticiones de cárcel que suman 60 años y multas conjuntas de nueve millones de euros por presuntos delitos de contrabando de embarcaciones prohibidas y pertenencia a organización criminal. Para el supuesto líder, la Fiscalía solicita siete años de prisión y una multa de seis millones; para los demás, penas de entre tres años y nueve meses y siete años, además de multas próximas a 320.000 euros.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.