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Sucesos

Condenado a más de dos años de prisión un vecino de Moaña por acceder sin permiso a la nube de su antigua empresa

La Audiencia de Pontevedra confirma la condena a más de dos años de prisión a un vecino de Moaña por entrar sin permiso en Dropbox de su antigua empresa.

Redacción automática · Pontevedra 2 min de lectura

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso de un vecino de Moaña y confirma la condena a dos años, seis meses y un día de prisión por los delitos de intrusismo informático y descubrimiento de secretos cometidos contra la empresa en la que trabajó en esa localidad del Morrazo. La sentencia de instancia, dictada por la Plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de Pontevedra en septiembre de 2025, queda así firme en lo fundamental, aunque todavía cabe recurso de casación.

La firma, dedicada al desarrollo de software y soluciones para el sector sanitario y la investigación clínica, dio de baja al acusado en abril de 2023. Según recoge la resolución, el 14 de octubre de 2023 accedió en tres ocasiones, de día y de madrugada, a la plataforma de almacenamiento Dropbox de la empresa usando la clave personal de una excompañera, sin autorización de la compañía ni de la titular de la contraseña. Así habría llegado a nóminas de trabajadores, datos de clientes y proyectos, incluidos los de un cliente concreto.

El incidente obligó a la empresa a cambiar todas sus contraseñas y a informar a sus clientes de los accesos ilegales, como exige la normativa de protección de datos. Además, el 27 de octubre de 2023 el acusado volvió a intentar entrar en el sistema, sin conseguirlo, probando combinaciones de letras y números similares a la clave de su excompañera.

El tribunal de instancia le impuso también una multa de 18 meses con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. La defensa alegó que había depositado una fianza de 2.667,67 euros como atenuante, pero el juez no la apreció y, según el fallo, no habría tenido efecto en la pena, ya que se impusieron los mínimos legales.

En su recurso, la defensa cuestionó la valoración de la prueba y sostuvo que no había quedado acreditado el acceso a la cuenta ni la descarga de archivos. La Audiencia rechaza el argumento y señala que la condena se apoya en un conjunto de pruebas convergentes: la declaración de la titular de la cuenta, la del socio fundador y administrador de la empresa, una auditoría interna que localizó una IP asociada a una vivienda de Moaña, la pericial informática, la identificación policial de las direcciones y la propia admisión del acusado de haber intentado el segundo acceso.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.

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