El Constitucional prepara una doctrina favorable a aplicar la amnistía

El Tribunal Constitucional prepara una nueva doctrina sobre la aplicación de la ley de amnistía a la malversación, después de que el ponente del recurso de Jordi Turull, José María Macías, retirase este martes su propuesta para rechazarla. El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, presentará el 6 de octubre la ponencia sobre el recurso de la exconsellera catalana Dolors Bassa.

El Pleno analizó durante algo más de dos horas el recurso de Turull, sin un debate entre posiciones enfrentadas. La minoría conservadora respaldó la propuesta de Macías, aunque el magistrado César Tolosa señaló que, pese a oponerse a la amnistía, tampoco compartía la interpretación de la Sala Penal del Tribunal Supremo para excluir la malversación, que consideró “artificiosa”.

Según la información difundida, el sector progresista del Constitucional entiende que la condena por malversación ya se produjo y que, para decidir sobre la amnistía, debe analizarse el cumplimiento de los requisitos previstos en su ley específica. La mayoría considera que la resolución del Supremo debe contar con una motivación reforzada, al afectar a la tutela judicial efectiva, la legalidad penal y el acceso a cargos públicos.

Hasta ahora, el Constitucional ha dictado veinte sentencias que validan la ley de amnistía y ha establecido que la malversación puede ser amnistiada constitucionalmente. Quedaba por resolver la aplicación de la norma a los dirigentes del procés a los que el Supremo atribuyó un supuesto enriquecimiento personal por el uso de fondos públicos.

Macías anunció que retiraba su ponencia y que presentaría otra en un próximo Pleno, incorporando la posición mayoritaria. Conde-Pumpido será el ponente del recurso de Bassa y su texto se distribuirá antes del Pleno del 6 de octubre. El medio sostiene que el tribunal podría remitir entonces al juez instructor Pablo Llarena un fallo que permita aplicar la amnistía a los afectados, incluido Carles Puigdemont.

La decisión se seguirá con atención también desde Pontevedra, como capital provincial, por sus efectos sobre el debate político y judicial en España, aunque el caso afecta a dirigentes del procés y a instituciones estatales.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.