El Gobierno prepara nuevas ayudas ante el alza de la inflación y la energía

El Gobierno ultima un nuevo paquete de ayudas que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes para responder al aumento de la inflación y la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. Desde marzo se han movilizado cerca de 7.000 millones de euros en ayudas directas y otros 2.700 millones por la reducción progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

El Ejecutivo prevé aprobar medidas para los sectores más afectados, aunque no se compromete a prorrogar íntegramente el actual decreto anticrisis, como reclaman las organizaciones empresariales. Buena parte de las medidas caduca el próximo miércoles, entre ellas las rebajas fiscales a los carburantes y las ayudas al gasóleo para profesionales y agricultores.

El bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables seguirán vigentes hasta final de año. También se mantendrá la rebaja del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. Mientras tanto, los carburantes se han encarecido un 21,3% y la inflación general alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más.

Los socios parlamentarios consideran insuficiente la respuesta y reclaman que el Gobierno actúe también sobre la vivienda. Sumar pide que se apruebe cuanto antes un decreto, mientras que el PSOE prefiere separar las medidas y garantizar primero los apoyos necesarios en el Congreso.

Entre las propuestas sobre vivienda figuran ampliar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de julio de 2028, elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos, regular los alquileres de temporada y establecer bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas. También se estudia hacer obligatorios por escrito los contratos de arrendamiento.

La moratoria de los desahucios es uno de los principales puntos de desacuerdo. Las formaciones de izquierdas reclaman recuperar la prohibición de expulsar a personas vulnerables, mientras el Gobierno insiste en que necesita el respaldo del Parlamento. El debate afecta también a Galicia y a Pontevedra como capital provincial, cuyos hogares y sectores económicos estarán sujetos a las medidas estatales finalmente aprobadas.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.