El Gobierno prepara un tope al gas regulado ante el repunte de la inflación

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un paquete de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán sobre los precios. Entre ellas figura limitar la tarifa regulada del gas, la TUR, utilizada por más de tres millones de consumidores, para evitar un fuerte encarecimiento de la calefacción con la llegada del invierno.

La TUR se revisará el 1 de octubre. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, con los precios actuales y sin medidas, los hogares con calefacción podrían pagar unos 300 euros más al año, al pasar de alrededor de 600 a cerca de 910 euros. La organización cifra en un 54% la posible subida y en unos 310 euros el sobrecoste anual para un hogar medio.

El Ejecutivo también prevé fijar en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano hasta junio de 2027. Además, estudia prorrogar hasta final de año la rebaja de 20 céntimos del impuesto sobre los hidrocarburos aplicada a la gasolina y el diésel, con un mecanismo de salvaguarda ligado al IPC.

El anuncio coincide con el adelanto del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la inflación de septiembre en el 4,9%, seis décimas más que en agosto y la tasa más elevada en España desde febrero de 2023 si se confirma. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, alcanza el 3,1%.

Funcas prevé que la inflación se mantenga por encima del 4% en los próximos meses, con una media anual del 3,6% en 2026 y del 2,9% en 2027. La economista sénior de la entidad María Jesús Fernández Sánchez ha advertido a Europa Press de que la extensión del conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb podría prolongar los problemas de suministro y trasladar la presión energética a otros precios y a los salarios.

El paquete será el tercero aprobado por el Gobierno desde el inicio de la guerra y se negocia con patronal, sindicatos y los sectores más expuestos. Según el Ministerio de Economía, las medidas anteriores han compensado aproximadamente la mitad del encarecimiento de la gasolina y el diésel, con un coste presupuestario acumulado de 10.000 millones de euros. La decisión también tendrá impacto para los hogares de Pontevedra, como parte de las medidas estatales que afectan a las facturas energéticas y al transporte.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.