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El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid

El Gobierno retoma con Junts la negociación del decreto de vivienda tras el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años sin alternativa.

Redacción · Pontevedra 2 min de lectura

El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que no tenía alternativa habitacional. Pedro Sánchez calificó el caso de «tragedia social» y reclamó también el compromiso del Congreso.

El Ministerio de Vivienda ha intensificado el intercambio de propuestas con la formación de Carles Puigdemont, cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría. Junts ya apoyó junto al PP y Vox el rechazo a la convalidación de uno de los textos anteriores, que incluía medidas contra los desahucios.

Fuentes de Junts aseguran que el PSOE está estudiando sus propuestas, presentadas también como iniciativas propias, y esperan una respuesta «en las próximas horas». La formación sostiene que esas medidas pueden reunir los apoyos necesarios, aunque las negociaciones siguen condicionadas por los vetos cruzados entre los grupos parlamentarios.

ERC ha considerado un «error» que Junts marque los límites de la política de vivienda y ha reclamado una negociación previa entre las fuerzas de izquierda. EH Bildu, en cambio, admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y se muestra dispuesto a aceptar medidas que no comparta para aprobar el decreto.

Sumar reclama que el texto llegue «ya» al Congreso y plantea aprobarlo el próximo martes en el Consejo de Ministros, junto a las medidas anticrisis. Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han defendido que incluya la suspensión de los desahucios, mientras Sánchez no ha fijado una fecha y ha insistido en que también será necesario el respaldo parlamentario.

El Ministerio de Vivienda precisa que se negocia una «solución estructural» y no exactamente una moratoria temporal. El borrador planteaba que los jueces pudieran mantener suspendido un procedimiento cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no le hubieran ofrecido una solución, con diferencias según se tratara de un pequeño propietario, una persona jurídica o un gran tenedor.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Faro de Vigo · Ver original

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