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Sucesos

El juicio por contratos de cuarteles de la Guardia Civil arranca en Madrid

El juicio por presuntos contratos irregulares en cuarteles de la Guardia Civil arranca en Madrid con dos acusados y peticiones de un año de cárcel.

Redacción · Pontevedra 2 min de lectura

El juicio por la presunta adjudicación irregular de contratos menores para obras en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid ante un jurado popular. La Fiscalía pide un año de prisión para el teniente general jubilado Pedro Vázquez Jarava y para el empresario canario Ángel Ramón «Mon» Tejera de León, ambos acusados de cohecho.

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2014 y 2019 y afectan a obras destinadas a solucionar problemas de humedad en fachadas de cuarteles de distintos puntos de España. Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, las actuaciones se adjudicaron favoreciendo al empresario y en muchos casos se ejecutaron de forma «inadecuada» por falta de conocimientos técnicos para colocar corcho proyectado.

La Fiscalía sostiene que Vázquez Jarava aprovechó su puesto como subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, que ocupó al menos entre 2016 y 2017, para descentralizar fondos hacia varias comandancias y recomendar los servicios del empresario. Las empresas administradas entonces por Tejera de León facturaron 1,3 millones de euros por trabajos realizados entre noviembre y diciembre de 2016.

Como presunta contraprestación, el empresario habría pagado viajes, alojamientos, entradas para la final de la Champions League de 2016 y entregado dinero en efectivo al alto mando. La investigación también detectó ingresos fraccionados por un total de 45.700 euros entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016, que la jueza vinculó a la compra de un inmueble en Cádiz.

El caso se inició después de que la Secretaría de Estado de Seguridad recibiera un escrito anónimo y lo remitiera a Asuntos Internos de la Guardia Civil. La Fiscalía reclama además tres años de suspensión de empleo y cargo para el teniente general y nueve años sin acceder a subvenciones o ayudas públicas para el empresario. La causa, de ámbito estatal, se sigue desde Pontevedra como una información de interés general por afectar al funcionamiento y la contratación en la Guardia Civil.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Faro de Vigo · Ver original

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