Los partidos gallegos chocan por el voto de 163.020 descendientes de emigrantes
PSdeG y BNG critican el veto cautelar al voto de 163.020 descendientes de emigrantes, mientras el PPdeG respalda al Supremo.
El veto cautelar al voto de 163.020 descendientes de la diáspora inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) enfrenta al PSdeG, el BNG y el PPdeG a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Se trata de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
El Tribunal Supremo mantiene suspendido su derecho al sufragio mientras se comprueba si cumplen los requisitos legales. Según las condiciones fijadas, podrán votar quienes acrediten a través de las oficinas consulares que son descendientes de personas exiliadas.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó de «muy grave» la suspensión cautelar y advirtió de que genera dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. En un acto celebrado en Santiago junto a Néstor Rego y Carme da Silva, afirmó que la medida provoca una situación «inédita» y una «inseguridad jurídica» difícil de entender desde el punto de vista democrático.
El PPdeG respalda la resolución judicial. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes y presidente del Comité Electoral Nacional del partido, Diego Calvo, sostuvo que el Supremo no cuestiona el derecho al voto de quienes han acreditado los requisitos, sino que reclama verificar los casos en los que no se ha demostrado que la ley sea aplicable. «No se impide votar a nadie que haya demostrado lo que dice la ley», afirmó.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, rechazó esta interpretación y aseguró que la decisión deja fuera de las urnas a personas con nacionalidad española, algunas de las cuales votaron en las elecciones de 2023. «La restricción de los derechos solo se puede hacer a través de sentencias firmes, no de medidas cautelares», señaló en una entrevista en la CSAG.
La controversia afecta al conjunto de Galicia, incluida Pontevedra, por el impacto de la medida sobre descendientes de emigrantes gallegos y por el próximo proceso electoral. Calvo acusó a los socialistas de cuestionar una decisión judicial, mientras Besteiro reprochó al PP su posición ante una resolución que, a su juicio, establece diferencias entre los gallegos residentes en el exterior.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.