Urbagestión niega haber fijado una subida concreta a la inquilina desahuciada

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., propietaria de la vivienda de la que Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada este miércoles en Madrid, niega haberle exigido una subida concreta del alquiler. La empresa asegura que tampoco recibió una oferta de compra del inmueble por parte del Ministerio de Vivienda, extremo que el departamento estatal desmiente.

La compañía reconoce que planteó a la abogada de la inquilina y a la asociación de inquilinas, representada por Beatriz Duro, que la renta pudiera situarse «en torno al 40% o 50% del precio de mercado», pero afirma que no llegó a concretar una nueva cantidad. Sin embargo, sí fijó en 1.650 euros mensuales el alquiler necesario para que Maricarmen continuase en la vivienda con un nuevo contrato, una cifra superior a su pensión de 1.350 euros.

Urbagestión sostiene que ni el Ministerio de Vivienda ni la empresa pública Casa 47 formularon una oferta de compra, y que legalmente tampoco podían hacerlo. La sociedad admite haber recibido una propuesta de Casa 47 para establecer un alquiler de 900 euros, asumido conjuntamente por el organismo y la inquilina, que hasta entonces pagaba 500 euros. La propiedad rechazó la oferta y dio por terminadas las negociaciones.

Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran, por el contrario, que también se remitió una oferta de compra de la vivienda, aunque no obtuvo respuesta. Otras personas plantearon asumir la deuda, pagar el alquiler o adquirir el inmueble, pero ninguna propuesta permitió evitar el desahucio.

La empresa, que rechaza ser denominada «fondo buitre», ha demandado al Sindicato de Inquilinas y le reclama 10.000 euros por las expresiones utilizadas contra ella. El procedimiento, iniciado hace dos años por presuntas calumnias, injurias y daños al honor, continúa en marcha.

Urbagestión defiende que el lanzamiento fue legal, una conclusión respaldada por la jueza del caso. Maricarmen no pudo acogerse al régimen de renta antigua porque su contrato había sido subrogado en dos ocasiones. Sus padres accedieron a la vivienda en 1956, pero el padre figuraba como único titular porque las leyes franquistas impedían entonces que las mujeres firmaran contratos de alquiler. El caso, de alcance estatal, también sigue la actualidad social y política en Pontevedra por el debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.