Las Cortes rechazan limitar la gestión privada de la vivienda protegida
Las Cortes rechazan una propuesta del PSOE para impedir que fondos de inversión gestionen vivienda protegida en Castilla y León.
Las Cortes de Castilla y León rechazaron este miércoles, con los 47 votos de PP y Vox, una propuesta del PSOE para garantizar que las viviendas públicas de alquiler y venta mantengan su protección y no puedan ser adquiridas por fondos de inversión. El debate tuvo como referencia el barrio vallisoletano de Villa del Prado, donde el socialista Carlos Martínez cuestionó la descalificación de viviendas protegidas.
La iniciativa también planteaba reforzar el control sobre la transmisión de viviendas de protección oficial para evitar prácticas especulativas y asegurar que el parque público conserve su función social. Martínez defendió que las viviendas construidas con dinero público no salgan al mercado y lleguen a quienes realmente las necesitan.
El procurador del PP José Luis Sanz Merino sostuvo que la propuesta parte de una “falsa suposición” y afirmó que el régimen de protección vigente en Castilla y León ya evita esos riesgos. Además, reivindicó que hay 1.260 viviendas protegidas en construcción y otras 1.372 en programación en la Comunidad.
Martínez respondió que el Ministerio de Vivienda financia el 50% de esas 1.260 viviendas y criticó la evolución de la protección residencial en Castilla y León. También citó el caso de Daniel, un vecino de Valladolid que, junto a otros beneficiarios de 210 viviendas, afronta un cobro adicional de 100 euros mensuales por parte del fondo que gestiona la promoción, según denunció.
Vox rechazó la iniciativa y defendió que el problema de la vivienda se resuelve con más construcción, rebajas fiscales y control de las fronteras. Por el contrario, Ángel Ceña, del Grupo Mixto, y Luis Mariano Santos apoyaron la propuesta socialista y reclamaron que la vivienda pública mantenga su objetivo social durante toda su vida útil.
La referencia a Villa del Prado corresponde a un barrio de Valladolid y no al municipio zamorano de Prado. La decisión afecta al conjunto de Castilla y León, aunque el debate sobre la conservación de la vivienda protegida puede resultar de interés para los vecinos de la localidad dentro de las políticas autonómicas de vivienda.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.