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Medio Ambiente

Canarias actualiza sus protocolos para responder ante futuras erupciones

Canarias actualiza sus protocolos volcánicos con nuevas alertas, simulaciones, medidas de evacuación y planes de recuperación.

Redacción automática · Santa Cruz de Tenerife 2 min de lectura

La actualización estatal de los protocolos de Protección Civil ante el riesgo volcánico ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Ministros aprobó la nueva directriz el 6 de octubre y el BOE la difundió el día 10, cinco años después de la erupción del Tajogaite, en La Palma, que dejó importantes lecciones para gestionar este tipo de emergencias.

La norma sustituye a la regulación vigente desde 1996 y fija los criterios que deberán seguir las administraciones para preparar sus planes, reforzar la vigilancia volcánica y proteger a la población antes, durante y después de una posible erupción. Entre sus prioridades figura mejorar la comunicación del riesgo mediante alertas tempranas y herramientas como ES-Alert, que permite enviar avisos directamente a los teléfonos móviles situados en zonas afectadas o amenazadas.

Los planes deberán utilizar distintos canales para difundir información oficial y contemplar un semáforo volcánico de cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Además, se impulsarán aplicaciones capaces de simular la evolución de una erupción, el recorrido de las coladas de lava y la dispersión de cenizas a partir de datos geológicos, meteorológicos y de vigilancia volcánica.

La nueva planificación también tendrá que considerar riesgos como la emisión de gases, los terremotos, los desprendimientos y las afecciones a servicios esenciales. Asimismo, deberá prever evacuaciones, confinamientos, zonas de seguridad y la atención de las personas y los animales desplazados, además de recomendaciones para que la población prepare suministros y siga las indicaciones oficiales.

La directriz aborda igualmente la recuperación posterior, que puede prolongarse durante años por los daños en viviendas, infraestructuras, actividades económicas y servicios públicos. Los protocolos tendrán que garantizar recursos, relevos de personal y coordinación estable durante emergencias que pueden durar semanas, meses o incluso años.

La actualización afecta especialmente a Canarias, al ser el territorio que supera el umbral de riesgo establecido en la normativa estatal. Por su condición de capital autonómica, Santa Cruz de Tenerife queda directamente vinculada a este marco común de preparación y respuesta de las administraciones canarias, aunque la norma tiene aplicación para el conjunto del Estado.

Información elaborada a partir de El Día.

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