Canarias pide a la Fiscalía que desbloquee los traslados de menores migrantes
Canarias recurre a la Fiscalía para desbloquear traslados de menores migrantes ante el riesgo de saturación de sus centros de acogida.
Canarias ha recurrido a la Fiscalía para que se hagan efectivos los traslados de menores migrantes no acompañados a la Península, ante las dificultades planteadas por algunas comunidades autónomas, entre ellas Aragón y Castilla-La Mancha. El mecanismo exprés fija un plazo máximo de 15 días en situaciones de contingencia, aunque en la práctica las salidas pueden demorarse hasta un mes.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha advertido del riesgo de que las islas vuelvan a sufrir una saturación de sus recursos de acogida si no se prorroga el sistema de reparto, cuyo decreto caduca en marzo de 2027. Según ha señalado, un freno a las derivaciones pondría en peligro los avances logrados desde la puesta en marcha del mecanismo, en agosto de 2025, incluido el cierre de macrocentros.
Canarias mantiene actualmente a 2.583 menores en sus centros, por encima de su capacidad ordinaria de acogida, fijada en 2.211 plazas para superar la situación de contingencia migratoria. En los últimos días han llegado más de 100 menores a El Hierro y está previsto que otros 30 sean trasladados a distintas comunidades durante las próximas dos semanas.
El procedimiento habitual requiere coordinar el traslado entre el Gobierno canario y la comunidad autónoma de destino. Cuando estas gestiones se bloquean, el Ejecutivo autonómico solicita la intervención de la Fiscalía. La preocupación aumenta tras el repunte de llegadas de cayucos y pateras a las costas del Archipiélago, que también transportan a menores que deben ser atendidos en las islas hasta su derivación.
El Gobierno de Canarias también mantiene dudas sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio. La normativa establece que los menores deben contar con un representante durante el proceso inicial de evaluación e identificación, aunque sigue pendiente aclarar si esta competencia corresponde al Estado o al Ejecutivo autonómico.
Información elaborada a partir de El Día.