Canarias pide limitar la compra de vivienda a quienes no residan en las islas
Canarias propone exigir hasta 15 años de residencia para comprar vivienda y reclama al Estado cambios legales para limitar operaciones de no residentes.
El Gobierno de Canarias ha enviado al Estado dos borradores normativos para restringir la compra de viviendas a personas que no acrediten una residencia suficiente en las islas. La propuesta plantea exigir diez años de residencia ininterrumpida o quince años si ha habido interrupciones, con independencia de la nacionalidad del comprador.
La iniciativa, promovida por el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, busca frenar la especulación inmobiliaria y dar más herramientas a los ayuntamientos para regular el alquiler y la compraventa. El presidente pretende que el Gobierno central lleve los textos al Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre.
La limitación afectaría a viviendas libres y protegidas, así como a los alquileres con opción de compra y a la constitución o transmisión entre vivos de derechos de usufructo y superficie. Las herencias quedarían excluidas. La residencia deberá acreditarse mediante el certificado de empadronamiento correspondiente.
El borrador permitiría adquirir un máximo de dos viviendas, siempre que estén en localidades diferentes. Las personas propietarias de dos o más inmuebles quedarían equiparadas a quienes no sean residentes a efectos de esta garantía, mientras que las empresas solo podrían comprar viviendas para venderlas a particulares o destinarlas al alquiler. Las operaciones que incumplan los requisitos serían nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad.
La medida tendría una vigencia de diez años y se ampara en la condición de Canarias como región ultraperiférica. Además, el Ejecutivo autonómico propone modificar varias leyes estatales para que los ayuntamientos puedan limitar la compra o el alquiler por parte de no domiciliados, establecer un máximo de 31 días para determinados usos turísticos y crear una tasa sobre pernoctaciones o estancias turísticas de no residentes.
La propuesta también reclama cambios en la normativa sobre inversiones exteriores para que la protección de la función social de la vivienda permita suspender la liberalización de determinadas operaciones inmobiliarias y exigir autorización administrativa previa. La reforma afectaría al conjunto de Canarias, incluida Santa Cruz de Tenerife, aunque el texto no concreta medidas específicas para la capital.
Información elaborada a partir de El Día.