Canarias plantea limitar a dos las viviendas de los compradores no residentes
Canarias propone limitar a dos las viviendas de los no residentes y exigir hasta quince años de residencia para comprar.
El Gobierno de Canarias ha remitido al Estado dos borradores normativos que plantean limitar a un máximo de dos las viviendas que podrán adquirir las personas no residentes en las Islas, siempre que los inmuebles estén situados en localidades diferentes. La medida forma parte de un paquete destinado a frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda de la población residente.
La propuesta equipara, a efectos de las restricciones, a quienes ya sean propietarios de dos o más inmuebles con las personas no residentes. Además, plantea reservar la compra de viviendas libres y de protección pública a quienes acrediten diez años de residencia ininterrumpida en Canarias, o quince años si la residencia ha sido discontinua. La exigencia se aplicaría con independencia de la nacionalidad y se acreditaría mediante el empadronamiento.
El borrador prevé que las empresas solo puedan adquirir viviendas para venderlas posteriormente a particulares o destinarlas al alquiler. Las operaciones que incumplan los requisitos serían consideradas nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad. Las herencias quedarían exceptuadas, mientras que la aplicación concreta del límite de dos viviendas deberá definirse en la redacción definitiva.
El paquete legislativo también busca ampliar las competencias municipales. Los ayuntamientos, previo acuerdo de sus plenos y de conformidad con la comunidad autónoma, podrían delimitar zonas donde limitar o excluir la adquisición y el alquiler de inmuebles por parte de determinados extranjeros no comunitarios. Asimismo, podrían establecer áreas en las que se prohíba la cesión temporal de viviendas para uso turístico.
Otra de las propuestas permitiría a los ayuntamientos crear tasas sobre las pernoctaciones o estancias turísticas de personas no residentes. El Ejecutivo autonómico plantea además que, en determinadas operaciones inmobiliarias financiadas con fondos procedentes del exterior, pueda exigirse una autorización administrativa previa para proteger la función social de la vivienda.
El presidente canario, Fernando Clavijo, adelantó los borradores en el Parlamento de Canarias y pretende que el Gobierno central los eleve al Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre. La iniciativa afecta al conjunto del Archipiélago, incluida Santa Cruz de Tenerife, aunque su aplicación dependería de la aprobación estatal y, en algunos casos, de la regulación municipal.
Información elaborada a partir de El Día.