Canarias queda fuera de 180 millones estatales para vivienda

Canarias no recibirá parte de los 180 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para afrontar la crisis de la vivienda porque no tiene ningún municipio declarado oficialmente como zona de mercado residencial tensionado conforme a la Ley estatal de Vivienda de 2023. La medida afecta al conjunto del Archipiélago y, por tanto, también a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El real decreto vincula el reparto directo de estos fondos a las comunidades autónomas que hayan aplicado esa figura legal. La declaración de emergencia habitacional aprobada por el Gobierno de Canarias en 2024 no es suficiente para acceder a las ayudas, ya que se trata de un procedimiento administrativo distinto.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad considera que el debate sobre esta partida es una “cuestión menor” frente al “desfase” que, a su juicio, sufre Canarias en el Plan Estatal de Vivienda. Su responsable, Pablo Rodríguez, afirma que los criterios actuales, basados en “parámetros obsoletos”, provocan que las islas reciban cerca de 200 millones de euros menos de los que les corresponden.

El Ejecutivo autonómico reclama más recursos para construir vivienda pública, ampliar la oferta asequible y reforzar las ayudas al alquiler. “Lo que reclamamos al Gobierno de España es un reparto justo de los fondos, basado en las necesidades reales de cada territorio”, sostiene el consejero.

En Canarias no hay actualmente ningún municipio declarado oficialmente como zona tensionada, aunque Las Palmas de Gran Canaria, Adeje y Granadilla de Abona han solicitado formalmente esa declaración. Un informe de Drago Canarias sostiene que los 88 municipios del Archipiélago cumplen al menos uno de los requisitos legales y que 42 cumplen ambos, aunque la existencia de esos indicadores no sustituye al procedimiento administrativo necesario para obtener el reconocimiento.

Información elaborada a partir de El Día.