Canarias reclama al Estado fechas para impulsar la eólica marina
Canarias pide al Estado un calendario para la primera subasta de eólica marina y plantea empezar por Gran Canaria con 250 megavatios.
El Gobierno de Canarias reclama al Estado un calendario concreto para la primera subasta de eólica marina y pide desbloquear su propuesta de comenzar por Gran Canaria, con unos 250 megavatios de potencia adicional. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, formuló esta exigencia este viernes en el Parlamento canario.
La propuesta autonómica se plantea en una región declarada en emergencia energética por el Ejecutivo canario. La convocatoria estatal deberá definir qué proyectos se seleccionan y establecer el régimen económico, la reserva de acceso a la red eléctrica y la prioridad para obtener la concesión de ocupación del espacio marítimo.
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió una consulta pública entre el 4 y el 24 de febrero de 2026 para preparar las bases del primer concurso. El trámite abordó cuestiones como la ubicación de los parques, la potencia, los criterios de valoración y los plazos de ejecución. Según Zapata, casi ocho meses después de su cierre todavía no existe un calendario concreto.
El consejero recordó que el Estado anunció en febrero de 2025 una primera subasta para finales de ese año y que en julio de 2026 volvió a situarla antes de terminar el ejercicio. A su juicio, esta incertidumbre dificulta que las empresas comprometan recursos y retrasa la generación de actividad industrial y empleo.
El Ejecutivo autonómico defiende una convocatoria diferenciada para Canarias, adaptada a las particularidades de sus sistemas eléctricos. Los cerca de 250 megavatios planteados para Gran Canaria son una propuesta pendiente de negociación, no una potencia adjudicada. Zapata asegura que cuenta con el respaldo del Cabildo grancanario, las patronales, los sindicatos y otros integrantes de la mesa de la eólica marina.
Los futuros parques deberán superar la evaluación ambiental y compatibilizarse con la pesca y otros usos del mar. La regulación estatal prevé una declaración de impacto ambiental favorable y diálogo con los sectores afectados, por lo que ganar el concurso no supondría disponer automáticamente de todos los permisos de construcción. La reclamación afecta al conjunto de Canarias y, por su dimensión energética, también resulta relevante para Santa Cruz de Tenerife como capital autonómica.
Información elaborada a partir de El Día.