Canarias reclama más refuerzos policiales en El Hierro para agilizar la atención migratoria

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, criticó este viernes desde El Hierro que el Estado no refuerce los efectivos de la brigada policial en la isla para agilizar la atención migratoria. Según señaló, esta falta de medios impide resolver situaciones como la del fin de semana anterior, cuando los ocupantes de cuatro embarcaciones fueron trasladados a Gran Canaria.

Rodríguez visitó la isla del meridiano para conocer de primera mano la situación, en un momento de presión migratoria que, según el Ejecutivo autonómico, genera preocupación por la posible saturación de los recursos de acogida. La visita también sirvió para abordar la coordinación con la Policía Nacional en los traslados entre islas y para conocer la opinión de los agentes sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La responsable autonómica advirtió de que la nueva normativa está provocando retrasos en la fase de triaje, el primer proceso de identificación, lo que afecta incluso a la puesta a disposición de los menores migrantes no acompañados ante la entidad pública de protección. Entre otros aspectos, todavía no está claro quién ejercerá su representación durante esa fase.

Cuando llega una embarcación a El Hierro, la presión asistencial se reparte por el resto del Archipiélago. Solo el jueves viajaron 29 menores a Tenerife, y está previsto que otros 34 lo hagan entre el lunes y el martes. Rodríguez recordó que en 2023 la isla llegó a acoger en torno a 300 menores.

El Gobierno canario ha modificado sus previsiones y mantendrá abierto un macrocentro en Tenerife para recibir a los menores llegados a El Hierro y facilitar su traslado posterior a otras comunidades autónomas, ya que Canarias sigue en situación de contingencia migratoria tras triplicar su capacidad ordinaria de acogida. Rodríguez indicó que algunas comunidades presentan alegaciones en cada paso del procedimiento, por lo que el Ejecutivo activa a la Fiscalía cuando surgen problemas.

La relación con el Estado se ha deteriorado por las discrepancias sobre la atención a los menores migrantes. Varios autos judiciales obligaron al Gobierno central a asumir la atención de unos quinientos niños que habían solicitado asilo, y al 70% de ellos se les ha concedido la protección. Rodríguez subrayó que la competencia en materia de asilo es exclusiva del Estado y que, a su juicio, algo no funciona en el país en la respuesta a la infancia migrante.

Información elaborada a partir de El Día.