Condenan a un abogado de Tenerife a pagar 165.278 euros a su cliente por dejar prescribir una demanda

Un abogado de Tenerife deberá indemnizar con 165.278,33 euros a su cliente por no presentar la reclamación contra la promotora que debía entregarle una vivienda tras la venta de una finca en La Laguna. Así lo ha dictado el juzgado de Primera Instancia número dos de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que aprecia "un incumplimiento grave de las obligaciones profesionales" del letrado. El abogado asegura durante años que había iniciado los procedimientos, pero no lo hizo y el plazo de reclamación prescribió.

El caso se remonta a 2004, cuando el demandante y varios familiares vendieron la finca a una promotora por algo más de 1,32 millones de euros. Los parientes cobraron su parte en dinero, mientras que el demandante optó por recibir una vivienda libre de cargas al finalizar el edificio proyectado. Nunca recibió el inmueble ni el dinero acordado, y encargó a un abogado la reclamación por la vía civil. Según el cliente, lo contrató en 2013; el letrado sostuvo que la consulta fue en 2017 y que el encargo llegó a finales de 2019.

El juez concluye que, cuando el abogado asumió el encargo, todavía era posible reclamar a la promotora. Sin embargo, en 2024 el cliente descubrió que nunca se había presentado demanda alguna. Según la sentencia, el letrado le envió en audios comunicaciones sobre demandas, audiencias previas y trámites pendientes de admisión que, en realidad, no existieron. El propio abogado reconoció en el juicio que no había presentado nada, aunque lo atribuyó a "problemas personales y exceso de trabajo".

Para el magistrado, esas circunstancias no justifican la invención de actuaciones judiciales durante años. La sentencia califica la conducta del letrado como "una vulneración grave de los deberes de diligencia, información, lealtad y honestidad" y rechaza su argumento de que el cliente no le entregó la documentación necesaria, al recordar que una reclamación extrajudicial no requería notas simples para interrumpir la prescripción.

El juez fija la indemnización en la mitad de los 330.556 euros reclamados, al considerar que, aunque la demanda contra la promotora tenía muchas posibilidades de prosperar, existían dudas sobre la fecha exacta en que empezó la prescripción y sobre la capacidad de pago de la promotora. A esa cantidad se suman los intereses legales desde el 1 de agosto de 2024. El abogado ha presentado recurso de apelación contra la sentencia.

Información elaborada a partir de El Día.