Detenidas tres personas en Tenerife por una red que estafaba a empresarios con falsos rescates financieros

La Guardia Civil ha dado por concluida la operación 'Nikart', que se ha saldado con la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres de entre 47 y 66 años, en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Se les atribuyen distintos grados de participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y delito contra la seguridad vial, este último por carecer el principal investigado de permiso de conducción.

La investigación arrancó en julio de 2026, tras la denuncia de una empresa riojana que realizó varios pagos anticipados convencida de que accedería a una operación de financiación tipo 'rescate' en condiciones muy ventajosas, sin recibir nada a cambio. Los investigadores descubrieron que detrás existía una falsa entidad financiera creada para captar víctimas y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Según el relato policial, el principal responsable se hacía pasar por un inversor de gran solvencia, en la modalidad conocida como 'Rip Deal' o estafa del falso inversor. La organización se dirigía a empresarios, autónomos, clubes de fútbol y personas con necesidades urgentes de financiación, con importes que partían del millón de euros. Para ganarse la confianza, utilizaban vehículos de alta gama, reuniones en hoteles de lujo y exhibían dinero en efectivo.

La mujer detenida en Santa Cruz de Tenerife se encargaba de localizar a las víctimas por internet y redes sociales, reunir la documentación necesaria y actuar como enlace con el líder del grupo. La tercera detenida, pareja del principal investigado, participaba en la recepción y desvío de los fondos a través de cuentas bancarias y otros recursos para dificultar su rastreo.

El principal investigado llevaba años eludiendo a la justicia: usaba identidades ficticias, llegó a suplantar a una persona fallecida y no renovaba su DNI ni su permiso de conducir desde 2016. Tenía además tres requisitorias relacionadas con delitos contra el patrimonio. En los registros de los domicilios se incautaron ordenadores, teléfonos, discos duros, dinero en efectivo y documentación, que será analizada. Varias empresas estaban en fase avanzada de negociación con la red, por lo que la intervención evitó pagos que podrían haber superado varios millones de euros.

Información elaborada a partir de El Día.