Dudas constitucionales sobre la nueva convalidación de decretos ley

El rechazo del Congreso de los Diputados a dos reales decretos leyes sobre alquileres, desahucios y adquisición de viviendas para uso residencial ha abierto un debate jurídico y político sobre el intento del Gobierno de aprobar de nuevo esas medidas, con cambios mínimos, tras la disolución de las Cortes.

El Pleno de la Cámara Baja rechazó el 2 de octubre, por mayoría absoluta, los decretos aprobados esa misma semana. Posteriormente, el presidente del Gobierno decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas. Con el Congreso disuelto, la Diputación Permanente, de composición y mayorías diferentes, sería la encargada de pronunciarse sobre la nueva convalidación.

El análisis sostiene que la Diputación Permanente tiene competencia para convalidar decretos leyes durante la disolución de las Cortes, una posibilidad prevista y utilizada en otras ocasiones. Sin embargo, plantea si esa facultad puede emplearse para sortear una decisión previa del Pleno del Congreso, que ya había rechazado sustancialmente las mismas normas.

El artículo 6 del Código Civil establece que los actos realizados al amparo de una norma para alcanzar un resultado prohibido por el ordenamiento pueden considerarse fraude de ley. El Tribunal Constitucional, según el texto, ha reconocido que esta categoría jurídica puede producir efectos invalidantes en todos los ámbitos del ordenamiento.

La cuestión adquiere una dimensión constitucional porque el Pleno representa a la totalidad de los diputados y ejerce de forma ordinaria las funciones legislativas y de control político, mientras que la Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. El texto concluye que utilizar esta última para decidir sobre unos decretos ya rechazados podría suponer un uso desviado de la legalidad y profundizar el debilitamiento de la separación de poderes.

El debate afecta al conjunto de España y, por tanto, también a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, como capital canaria, al abordar el funcionamiento de las instituciones estatales y la validez de normas que pueden incidir en ámbitos como la vivienda y los desahucios.

Información elaborada a partir de El Día.