El Ayuntamiento de Santa Cruz recurre ante la Audiencia Nacional la retirada del monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Gobierno de España de retirar el Monumento a la Victoria de la avenida de Anaga, conocido popularmente como monumento a Franco. El Consistorio pide la suspensión cautelar del traslado de la escultura a un almacén municipal hasta que se dicte sentencia. El recurso sigue al rechazo, por parte del Estado, del recurso de alzada presentado contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, de 29 de junio, que incluye el monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática y ordena su retirada en un plazo de seis meses.

El Ayuntamiento sostiene que la ejecución de la resolución causaría un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación. Entre los argumentos, alega riesgo de derrumbe en las instalaciones del Cuartel de Almeyda, ya que el monumento sirve de muro de contención del acuartelamiento, propiedad del Ministerio de Defensa. También señala «importantes molestias» para la ciudadanía por el corte prolongado del tráfico en las dos principales vías urbanas del centro de la capital, así como un «cambio radical» en la fisonomía de la ciudad y un elevado coste de desmantelamiento que tendría que asumir la tesorería municipal.

El Gobierno local, formado por CC y PP, defiende la permanencia de la obra por sus valores artísticos, técnicos y urbanos, según un informe técnico del Organismo Autónomo de Cultura. Recuerda que es la única obra del artista Juan de Ávalos existente en Canarias y que se integra en el trazado urbano desde 1966. Además, advierte de que el desmontaje implicaría intervenciones irreversibles, con daños estructurales, materiales y estéticos de imposible reparación.

Por último, el Consistorio indica que está en tramitación la incorporación de la escultura al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, que impulsa la Gerencia de Urbanismo, y reclama que se tenga en cuenta esta circunstancia. La Audiencia Nacional deberá ahora resolver sobre la suspensión cautelar solicitada.

Información elaborada a partir de El Día.