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El Gobierno retoma con Junts el acuerdo sobre el decreto de vivienda

El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda tras el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años sin alternativa habitacional.

Redacción · Santa Cruz de Tenerife 2 min de lectura

El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para intentar sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de una mujer de 87 años sin alternativa habitacional. El Ejecutivo busca levantar el veto de la formación de Carles Puigdemont, cuyos votos son imprescindibles para lograr la mayoría parlamentaria.

Pedro Sánchez calificó el caso de «tragedia social» y responsabilizó de la situación al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, por sus competencias, aunque también reclamó el compromiso del Congreso. Junts votó junto a PP y Vox contra la convalidación de uno de los textos anteriores, que incluía medidas contra los desahucios.

Fuentes de Junts aseguran que el PSOE está estudiando las propuestas que la formación ya había presentado y esperan una respuesta «en las próximas horas». Según esas mismas fuentes, las iniciativas podrían reunir los apoyos necesarios para aprobar el decreto.

La negociación genera posiciones diferentes entre los aliados del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera un «error» que Junts marque los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y está dispuesto a aceptar medidas que no comparta para sacar adelante el real decreto-ley.

Sumar ha reclamado que el decreto llegue «ya» al Congreso y ha presionado para que sea aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han defendido que incluya medidas contra los desahucios. Sánchez, sin embargo, no ha fijado una fecha y ha reclamado también el compromiso del Parlamento.

El Ministerio de Vivienda precisa que no se negocia exactamente una moratoria antidesahucios, sino una «solución estructural». El borrador planteaba que los jueces pudieran mantener suspendido un procedimiento cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no le hubieran ofrecido una solución, con diferencias según se tratara de un pequeño propietario, una persona jurídica o un gran tenedor.

Información elaborada a partir de El Día.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de El Día · Ver original

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