El TSJC anula la modificación de la tasa de basura de Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de residuos con la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplicó el llamado basurazo en la capital. La sentencia no entra en los criterios que usó el Consistorio para subir el recibo y adaptarlo a la ley estatal de residuos, sino en la forma de cobrar el servicio: el tribunal considera que no debe hacerse mediante una tasa, sino como una prestación patrimonial de carácter público no tributario.

La Sala señala que parte del servicio está gestionado de forma indirecta por la empresa privada Valoriza Servicios Medioambientales, y que esa circunstancia impide aplicar una tasa tributaria. La sentencia estima el recurso presentado por el grupo municipal socialista y considera que la ordenanza regula como tasa una única contraprestación que legalmente no puede tener naturaleza tributaria.

Según el TSJC, la ordenanza crea una sola contraprestación para la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, con un coste conjunto de 15,8 millones de euros. La parte gestionada por la empresa asciende a 8,4 millones de euros al año y constituye, en palabras del tribunal, el núcleo funcional que conecta cada inmueble con el sistema. Por ello, la contraprestación debería configurarse como un precio público y no como una tasa.

La sentencia recuerda además que el contrato con Valoriza establece que la prestación se ejecuta a riesgo y ventura de la empresa, y que un informe municipal de 2018 ya reconocía que la adjudicataria asumía riesgos económicos y operativos. El tribunal subraya que no se trata de un simple error de denominación, ya que cambiar la naturaleza jurídica de la prestación afecta al procedimiento, a las garantías y a la potestad administrativa utilizada. Por este motivo, declara nula toda la modificación de la ordenanza, que había incrementado la tasa de basura en Santa Cruz un 50 % de media.

La sentencia deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento apruebe en el futuro el instrumento no tributario adecuado para cobrar el servicio, y le impone las costas del procedimiento. Fuentes municipales anunciaron que interpondrán un recurso de casación, con el objetivo también de unificar doctrina ante la distinta aplicación entre tasa y tributo.

Información elaborada a partir de El Día.