Hacienda canaria condiciona la rebaja del IGIC a proteger antes a los más vulnerables

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, sostiene que la rebaja del IGIC solo será posible cuando los colectivos más vulnerables estén protegidos y los servicios públicos de sanidad, educación, acción social y vivienda funcionen con calidad. En una entrevista publicada por El Día, atribuye a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado la imposibilidad de abordar esa reducción, promesa electoral de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, Coalición Canaria y PP.

Asián afirma que las necesidades de 2023, último año con presupuesto estatal aprobado, no coinciden con las de los años posteriores y critica que el Gobierno central no haya aprobado una norma que permita actualizar las partidas prorrogadas. Advierte además de que las entregas a cuenta, aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, carecen todavía de un instrumento legal, lo que supone un riesgo de 170 millones de euros al mes si no se aprueba. Recuerda que en 2024 y 2025 esos fondos llegaron a partir de agosto o septiembre.

Según la consejera, otras dos dificultades presionan las cuentas: el incremento del gasto de personal por la subida salarial del 4,5 % más un 0,5 % condicionado al IPC, que supone unos 500 millones de euros sin una transferencia estatal que lo financie, y la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que han sido sustituidos por ingresos ordinarios en el cálculo presupuestario.

Asián detalla que el presupuesto aumenta en 1.166 millones de euros sin contar los fondos europeos, de los que el 83,3 % se destina a educación, sanidad, bienestar social, vivienda, justicia y seguridad, mientras que alrededor del 10 % se dedica al pago de intereses de la deuda. Tras sumar las transferencias a cabildos y al fondo municipal, quedarían unos 78 millones para el resto de consejerías.

Sobre los proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación, la consejera explica que la Administración central no ha dado información suficiente sobre las convocatorias pendientes, especialmente en transición ecológica, donde se habla de 180 millones en descarbonización. Asegura que la Comunidad ha devuelto fondos en algunas áreas antes de comprobar que no era necesario hacerlo.

Asián también justifica el mantenimiento de la deflactación del IRPF, la tributación a tipo cero de determinadas prestaciones y la bonificación del combustible en las islas con precios más altos, y atribuye la falta de rebaja del IGIC a la ausencia de presupuestos estatales, a los retrasos en las entregas a cuenta y a la adaptación pendiente de España a las nuevas reglas fiscales europeas. Para Santa Cruz de Tenerife, como capital, el debate afecta a la financiación de servicios e inversiones que se prestan en la ciudad.

Información elaborada a partir de El Día.