La coalición UPC defiende sus siglas frente al recurso de Drago Canarias antes de las generales

La coalición Unidad del Pueblo Canario (UPC), formada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, espera de forma inminente la resolución judicial sobre sus siglas tras el recurso presentado el pasado jueves por Drago Canarias, la formación impulsada por Alberto Rodríguez. La confluencia defiende la legitimidad de su denominación y descarta que la impugnación afecte a su participación en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El recurso de Drago cuestiona el uso de las siglas UPC y pide que la coalición modifique su denominación o retire esas iniciales de las papeletas. Como medida preventiva, la Junta Electoral Provincial paralizó las papeletas al Congreso y al Senado de Unidad del Pueblo Canario a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial. La medida afecta sobre todo a las papeletas senatoriales, al tratarse de listas abiertas en las que todas las candidaturas de cada circunscripción aparecen en un mismo documento.

El secretario de Organización de UPC, Ayoze Corujo, considera que la acción de Drago responde a una estrategia de «intoxicación y división» contra sus antiguos compañeros de Podemos y Sumar. Según explicó, esta formación fue invitada a participar en la plataforma de izquierdas y en NC y decidió presentarse en solitario. La coalición confía en que los juzgados respalden el criterio ya expresado por la Junta Electoral Central (JEC).

La primera impugnación no partió de Drago, sino del Movimiento por la Unidad, Descolonización e Independencia del Pueblo Canario (Movimiento UPC), una organización independentista con sede en La Laguna (Tenerife). La JEC desestimó esa reclamación el 29 de octubre, mediante el acuerdo 320/2026, al considerar que no existía riesgo de confusión para los electores y que términos genéricos como «Unidad» o «Pueblo Canario» no pueden ser apropiados en exclusiva por una sola organización.

Pese a ese pronunciamiento, Drago Canarias llevó la cuestión a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en un recurso presentado el 6 de noviembre. Sostiene que la denominación puede inducir a confusión y que la coalición se apropia de unas siglas vinculadas a la histórica Unión del Pueblo Canario, que obtuvo representación en las Cortes Generales y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979, y al propio Movimiento UPC. Invoca el artículo 46.4 de la Loreg y asegura que no pretende excluir a ningún candidato.

Desde UPC señalan que la coalición figura en el BOE del 3 de noviembre con la denominación Unidad del Pueblo Canario UPC y, entre paréntesis, las cuatro organizaciones que la integran (NC-BC, Podemos, IU y Sumar), por lo que un eventual cambio de siglas sería una cuestión formal que no alteraría el nombre de la candidatura ni sus listas. Además, Drago mantiene otra reclamación distinta ante la JEC: ha recurrido el reparto de los derechos electorales derivados de las generales de 2023, en las que concurrió dentro de Sumar y la coalición obtuvo 107.999 votos en Canarias, el 10,55% de los votos válidos. Reclama, entre otros derechos, 30 minutos de propaganda electoral gratuita en RTVE y Televisión Canaria.

Información elaborada a partir de El Día.