La compra pública de 358 VPO en Añaza evitó desahucios en 2019
La compra pública de 358 VPO en Añaza por 24,89 millones evitó desahucios y amplió el parque de vivienda de Santa Cruz y Canarias.
El Gobierno de Canarias adquirió en febrero de 2019, por 24,89 millones de euros, las 358 viviendas de protección oficial de dos promociones de Añaza amenazadas por desahucios y por una posible venta a un fondo de inversión. La operación, realizada a través de Visocan y coordinada con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, incorporó los inmuebles al parque público y permitió proteger a las familias residentes.
Las viviendas, 179 en cada edificio, eran VPO de promoción privada en régimen de alquiler a diez años. Algunos inquilinos habían recibido comunicaciones de no renovación, procedimientos de desahucio o señalamientos de lanzamiento. La compra directa a Luri 6, SAU, entidad vinculada al grupo Santander, evitó que las promociones cambiaran de manos y garantizó la continuidad residencial.
La operación se produjo tras la presión de las administraciones. En octubre de 2018, el entonces presidente del Cabildo, Carlos Alonso, anunció la retirada de 27 millones de euros depositados en Santander, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz planteó retirar otros dos millones. El entonces alcalde, José Manuel Bermúdez, definió la actuación como “pionera” y un “ejemplo a nivel nacional”.
El caso de Añaza vuelve a cobrar relevancia tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada el 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, en Madrid. El Gobierno central prepara un real decreto-ley con medidas sobre alquileres, vivienda asequible y protección de familias vulnerables frente a los desahucios.
Santa Cruz ya había impulsado en 2012 un protocolo municipal antidesahucios después del caso de Carmen Omaña, que fue desalojada y realizó una huelga de hambre ante una oficina de Bankia. El Ayuntamiento retiró entonces 1,5 millones de euros de la entidad y el acuerdo final permitió a Omaña acceder a un alquiler social.
La Consejería de Vivienda sostiene que, si se repitiera una situación similar y existieran condiciones jurídicas y económicas adecuadas, la Administración podría recurrir de nuevo a una operación de este tipo. El Ejecutivo autonómico también impulsa la adquisición de VPO para alquiler y el programa Rehabita Canarias; en su última licitación destinó 33,7 millones de euros para financiar la compra de 254 viviendas.
Información elaborada a partir de El Día.