La CSIF pone en duda las multas del Cabildo por usar mal los cargadores

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) cuestiona la base legal del proyecto del Cabildo de Tenerife para sancionar el uso indebido de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. El sindicato advierte de una posible invasión de competencias municipales y de una falta de cobertura jurídica para imponer las multas previstas, que pueden alcanzar los 500 euros.

Las alegaciones se han presentado durante el periodo de información pública, antes de la aprobación definitiva del reglamento. El texto, aprobado inicialmente por el Pleno insular en septiembre, regula una red de 71 estaciones y contempla sanciones de 100, 200 y 500 euros según la gravedad de las infracciones.

Entre las conductas sancionables figuran dejar el vehículo conectado más de cinco minutos después de terminar la carga, ocupar más de una plaza reservada o bloquear un punto para impedir su uso. El proyecto también prevé retirar vehículos con grúa y suspender durante tres meses el acceso a la red en los casos más graves.

La CSIF sostiene que el Cabildo puede regular el uso de los puntos de su titularidad, pero no extender automáticamente esa potestad a materias como el tráfico, el estacionamiento o la retirada de vehículos, que corresponden a los ayuntamientos según la Ley de Bases del Régimen Local. También cuestiona que los municipios tramiten sanciones o valoren daños en instalaciones insulares sin una habilitación legal o un acuerdo de colaboración.

El sindicato rechaza además que se atribuyan funciones de vigilancia a la Policía Local sin respaldo legal específico y al personal de la empresa gestora de los cargadores, al considerar que no puede ejercer como autoridad pública. Asimismo, reclama limitar la inmovilización y el traslado de vehículos a los supuestos concretos previstos en la legislación de tráfico.

Las alegaciones incluyen dudas sobre la precisión y proporcionalidad de algunas infracciones y sobre la posibilidad de responsabilizar al titular o arrendatario del vehículo y obligarlo a identificar al conductor. El Cabildo deberá resolver estas cuestiones en los próximos días, antes de aprobar definitivamente el reglamento. La medida afecta al conjunto de Tenerife, incluida Santa Cruz de Tenerife como capital insular.

Información elaborada a partir de El Día.